Ese fue el caso de Constructora Herrera y Quebrador Arenal, propiedad de la familia Herrera Chacón y asentadas en Boca Arenal de Cutris, cerca de la margen derecha del río San Carlos.
En conjunto, ambas compañías facturaron al Conavi ¢2.673 millones distribuidos así: ¢1.447 millones a Quebrador Arenal por venta de lastre a otras empresas a las que se le adjudicaron otras secciones del proyecto fronterizo y por el alquiler al mismo Conavi del quebrador para que procesara material como piedra.
Constructora Herrera recibió ¢1.226 millones por la apertura de la trocha en la sección Tiricias-Infiernillo de Cutris y el lastrado de la vía de acceso a Buenos Aires de Pocosol, Moravia, Infiernillo y Jocote.
Precisamente la diligencia de allanamiento que más tiempo consumió fue la que se hizo a las oficinas de ambas compañías donde los agentes del Organismo de Investigación Judicial permanecieron desde las 7:15 a. m. y hasta aproximadamente las 3 p. m.
Allí las autoridades judiciales decomisaron una gran cantidad de documentación y equipos de cómputo, incautaciones que fueron confirmadas por Erick Ramos, abogado de la familia Herrera Chacón.
Un caso totalmente contrario se dio en Ganadera Los Pinanos, situada en Ciudad Quesada. En esta empresa –a la que el Conavi le adjudicó contratos que rondan los ¢275 millones– los investigadores permanecieron apenas 90 minutos.
Ramos dijo que sus representados están tranquilos y que más bien apoyan la investigación.
“Fueron los apoderados de ambas empresas los que hace más de 22 días se pusieron a la orden del Ministerio Público para lo que éste tenga a bien”, agregó el jurista.
Agregó que la indagación servirá para demostrar que la firma entregó trabajos “de calidad”. “Mis representados están tranquilos por cuanto siempre actuaron correctamente”, enfatizó Ramos.
Ayer, dirigentes de Cutris y Pocosol pidieron al Conavi que se le permita a Constructora Herrera terminar el contrato que le adjudicó. “Es que hizo trabajos de muy buena calidad”, argumentó Oldemar Durán, de Pocosol.