La provincia de San José es hogar de 150 edificaciones declaradas patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica.
Escuelas, iglesias, teatros, museos, viviendas particulares, hospitales, sedes municipales, edificios gubernamentales, estaciones del ferrocarril, puentes, parques e incluso quioscos guardan para la posteridad valiosa información sobre los costarricenses que vivieron en otros tiempos.
Los principios para la conservación y protección del patrimonio histórico arquitectónico están sentados en la Ley N.° 7555; sin embargo, en la provincia San José, el 39% de los inmuebles con una declaratoria patrimonial requieren de algún tipo de intervención.
Así se desprende del informe más reciente elaborado por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, a partir de los monitoreos efectuados en el presente año.
Estas inspecciones anuales tienen como objetivo examinar el estado de conservación de los edificios. Según esa institución –adscrita al Ministerio de Cultura–, el 11% de los inmuebles declarados en la provincia se hallan en mal estado y requieren intervención inmediata. El 28% observa un estado “regular. Solo el 40% merece el calificativo de “buen estado”, mientras el otro 21% ha sido objeto de restauraciones recientes.
Para definir el estado de estos edificios –distribuidos en los 20 cantones– los expertos ven un conjunto de características.
“Los tres aspectos más importantes que definen la vulnerabilidad de un edificio son el estructural, el mecánico y el eléctrico. Si hay deterioro grave en cualquiera de ellos, la intervención se vuelve prioritaria”, explicó la arquitecta Ileana Vives, directora del Centro de Patrimonio.
Esqueletos. El sistema estructural es como el esqueleto del edificio, de modo que si este está endeble o falseado, corre el riesgo de derrumbe.
El sistema mecánico tiene que ver con el suministro y la evacuación de aguas. “Una tubería rota debajo de un piso de madera pudre el material y socava la estructura, por ejemplo. El conjunto de cubiertas, canoas, bajantes debe estar en óptimas condiciones pues la humedad es uno de los principales enemigos de las estructuras”, agregó Vives.
Por otro lado, un sistema eléctrico defectuoso pone el peligro de incendio la edificación.
Los expertos también analizan aspectos relacionados con los detalles arquitectónicos.
Según explicó el jefe del Área de Conservación y Arquitectura del Centro de Patrimonio, Adrián Vindas, no hay que dejarse llevar por las apariencias, pues hay edificios que en su fachada lucen impecables; sin embargo, por dentro presentan serios problemas. “Son como cadáveres maquillados, nada más el cascarón. Un ejemplo es la Casa Jiménez de la Guardia, a la cual se le hizo una intervención de emergencia en la que se invirtieron ¢100 millones. Hasta el momento no se le ha hecho nada más”.
Pero, ¿a quién le corresponde invertir en la conservación de estas joyas históricas y arquitectónicas?
El Centro de Patrimonio cuenta con un presupuesto anual para tal fin; sin embargo, debe repartir ese pastel entre muchos comensales: en Costa Rica existen 357 inmuebles con declaratoria. El monto del 2015 es de ¢1.360 millones. “Tenemos que definir prioridades entre las prioridades, es imposible ocuparse de todos”, lamentó Vives.
Por otro lado, la Ley N.° 7555 establece en su artículo 9 que los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes declarados tienen la obligación de “conservar, preservar y mantener adecuadamente los bienes”. Eso sí, la inversión para el mantenimiento corre por su cuenta. Cuando el titular del derecho es un ente público debe incluir en el presupuesto ordinario anual las partidas necesarias para tal fin.
Factores. Tanto Vives como Vindas coinciden en que son varios los factores que se conjugan para el descuido del patrimonio: ideas erróneas sobre las declaratorias, desinterés, desinformación, falta de voluntad política y limitaciones de recursos económicos. “Hay muchos propietarios que están esperando que Patrimonio les restaure los edificios, pero eso no funciona así. Tiene que ser un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura, los dueños y las municipalidades”, dijo.
Entre los propietarios que más edificios patrimoniales tienen bajo su tutela en San José figuran la Iglesia católica (23), el Ministerio de Educación Pública (20) y las municipalidades (19). Eso es aplicable a otras provincias.
Según un documento proporcionado por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP, entre el 2010 y el 2013 se invirtieron más de ¢3.200 millones en obras varias en escuelas patrimoniales en San José.
Una de las inversiones más cuantiosas fue en el Colegio de Señoritas, con ¢1.190 millones. Consultado al respecto, el canciller de la Curia Metropolitana, Daniel Blanco, declaró: “La manutención de las iglesias, independientemente de si son patrimoniales o no, se hace a partir de las contribuciones de los fieles, especialmente cuando, además de ser templos católicos, son sede de una parroquia territorialmente constituida”.