Editorial: Confesión de fracaso institucional

La imposibilidad fue atribuida, en primera instancia, a la reducción de los caudales de las fuentes superficiales hasta en un 85 % debido a la escasez de lluvia. Las precipitaciones esperadas para mayo aliviarán la angustia de cientos de miles de afectados cuando logren estabilizar esos caudales.

Pero todos sabemos que esa no es la solución, porque la escasez se volverá a presentar el año entrante, salvo una variación inesperada del régimen de lluvias. La causa tampoco se constriñe a la sequía, previsible desde hace años y tendente a agravarse en el futuro. El problema de fondo es la imprevisión y la parálisis del desarrollo de infraestructura.

Quesada lo admite cuando afirma que “el agua nos sobra en este país”, y deposita sus esperanzas de una solución definitiva en el plan de inversiones del AyA. Habló, como respuesta a mediano plazo, de 43 proyectos valorados en $520 millones para nuevas fuentes, plantas potabilizadoras, tanques y cambiar tuberías.

Además de esas obras prioritarias, la cartera de proyectos supera los $2.500 millones e incluye Orosi II, sometido a análisis financiero y tarifario, junto con las demás obras. Pero la deficiente gestión del AyA dejó vencer, el 24 de noviembre del 2022, un crédito por $399 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para ejecutar Orosi II y garantizar el abastecimiento de agua a casi 700.000 habitantes de 15 cantones de la Gran Área Metropolitana.

Ningún otro traspié ilustra mejor las palabras de Marco Cordero Arce, intendente de agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), cuando acusó al AyA, en junio, de haber “perdido el norte” y advirtió de los riesgos para el suministro de agua a corto y mediano plazo a causa de la mala gestión de proyectos, así como del abultado endeudamiento institucional.

La necesidad de Orosi II se detectó en 1990, y en el 2013 se dieron los primeros pasos para ejecutar el proyecto. La etapa de diseño había avanzado un 70 %, dijo el AyA al finalizar la administración Alvarado. El préstamo fue aprobado por el BCIE en noviembre del 2020, pero no fue posible formalizarlo en los dos años de plazo concedidos a ese efecto.

Como sucedió con otras iniciativas de infraestructura, el nuevo gobierno decidió pausarlo, alegando un mal cálculo de los costos que podría obligar a una renegociación durante la ejecución de la obra. Desde entonces, el AyA ha tenido dos presidentes y una intervención de cuyos resultados poco se sabe. Los dos años transcurridos desde el comienzo de la nueva administración todavía no producen el proyecto revisado para volver a pedir el préstamo.

En cualquier caso, tratándose de un proyecto tan necesario, ideado hace 34 años, es difícil comprender la posposición a causa de la supuesta subestimación de los costos. Los proyectos mal estimados son un vicio de la Administración Pública y las renegociaciones a menudo resultan costosas, pero el BCIE es un banco cooperante y está clara su disposición a ampliar el crédito en condiciones razonables. Quizá, en esta ocasión, habría sido mejor empezar las obras en vez de provocar un nuevo retraso.

Si es imposible garantizar el agua 24/7, no resulta siquiera difícil reconocer a la institución responsable. La falta de agua afecta la calidad de vida como pocos otros factores y se traduce con prontitud en conflictividad social. El cambio climático acentúa la necesidad de prever y actuar. No hay tiempo que perder.