Una cédula recién estrenada no vacuna a un adolescente contra la amenaza de las drogas y la explotación sexual, que pululan en las megafiestas intercolegiales.
Lo asegura Carlos Alvarado. Él es el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y una de las principales cabezas en la organización de operativos de rescate, como él mismo llama a las acciones policiales para proteger a los jóvenes de las drogas y la explotación sexual que se dan en esas fiestas.
Él y los abogados de la Fiscalía Penal Juvenil, Omar Jiménez y Michael Morales, dieron una charla de orientación a padres de familia el martes 5 de noviembre, como parte de los beneficios que Club Nación da a sus miembros.
La charla se prolongó por más de tres horas, en el auditorio de La Nación , en Llorente de Tibás.
La actividad cerró un proyecto informativo de este diario donde se revelaron las principales amenazas a las que se exponen los adolescentes en las fiestas intercolegiales. Principalmente, al acecho de narcos y proxenetas .
Revelador. Entre los 60 asistentes, había parejas de padres y docentes, que miraron sorprendidos las reveladoras fotografías de los principales operativos realizados en los últimos dos años.
“Hoy, los jóvenes se están exponiendo a riesgos inconmensurables que ni siquiera nosotros, como adultos, podemos medir”, advirtió Omar Jiménez.
Uno de los mayores peligros es la exposición a las llamadas “drogas de enganche”: las sintéticas.
“Son incoloras, inoloras y no tienen sabor. Pueden impregnar con ellas bebidas, cigarrillos y los muchachos ni siquiera se dan cuenta. A una, la llaman K9, en evidente burla a los perros de la unidad canina, que no pueden detectarla”, explicó Alvarado.
“Esos jóvenes que creemos saludables y buenos estudiantes, asisten a esas fiestas. Y ese es el problema: creemos que la droga solo se vende en las esquinas de ciertos barrios y no en la casa del compañero de mi hijo”, agregó Michael Morales ante una audiencia que seguía su discurso sin perder detalle.
Entre las numerosas preguntas de los asistentes, destacaron aquellas donde se mostró interés en el proceso que puede seguir un docente para formular una denuncia por estos casos, y en las medidas preventivas que pueden hacer los padres para proteger a sus hijos.
Actualmente, el ICD, la Fiscalía Penal Juvenil y otras instituciones del Estado trabajan en conjunto con 30 colegios privados y otros 50 administrados por instituciones católicas. Las acciones son, principalmente, preventivas.
Los especialistas sugirieron a los padres canalizar sus consultas y hasta coordinar para llevar charlas como estas a sus colegios, a los siguientes teléfonos: 2295-3959, 2295-4346 y 1-800-800-OIJ.