Un sujeto de apellido Chavarría fue capturado este martes cuando llegaba a su casa, en Siquirres, con una tortuga baula destazada. Por coincidencia, las autoridades iban en busca de este individuo porque estaba pendiente una orden de captura por caza ilegal de quelonios.
Según el jefe de la estación de Guardacostas de Pacuare, Javier Cubero, tres oficiales de su unidad se desplazaron junto con agentes judiciales de Siquirres hasta el rancho de un sujeto de apellido Chavarría, ubicado a unos 500 metros de la desembocadura del río Parismina.
Las autoridades iban con el fin de dar cumplimiento a una orden judicial, ya que contra Chavarría estaba vigente una orden de captura por caza de tortugas marinas.
Chavarría quedó detenido, junto con el sujeto que le acompañaba, de apellido Madriz, a quienes les decomisaron el cargamento que llevaban en la embarcación, consistente en unos 75 kilos de carne de tortuga verde, además de 100 huevos ya desovados y otros 100 que estaban en proceso de formación.
También decomisaron tres cuchillos usados por los sospechosos en su faena.
Una tortuga llevaba una plaquita metálica de identificación en una de las aletas, por lo que esta información fue puesta a disposición de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae).
Dicha plaquita pudo haber sido puesta por investigadores en territorio costarricense, o en algún otro país al cual emigran estos quelonios, para estudiar las rutas de las baulas en el Caribe.
Los 100 huevos desovados fueron trasladados hasta un vivero de la organización no gubernamental Widescast, ubicado en Pacuare, a fin de incubarlos y que puedan nacer nuevas tortuguitas.
Ambos detenidos fueron trasladados hasta la fiscalía Siquirres a fin de ser procesados por infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura, la cual establece como delito la caza de la tortuga y el aprovechamiento de sus derivados, entre estos los huevos, la carne y el caparazón.
En el país también existe la Ley Especial de Protección a Tortugas Marinas, la Ley de Vida Silvestre y la Convención Americana de Protección a la Tortuga Marina, que el Servicio de Guardacostas se esfuerzan por hacer cumplir.
Las dos personas detenidas por el Guardacostas por atentar de diversas formas contra las tortugas baula, serán procesadas penalmente y, de ser halladas culpables, se exponen a penas que oscilan entre uno y tres años de prisión por perseguir, capturar, herir, matar, trasegar o comercializar tortugas o sus derivados.
En nuestro país las penas inferiores a tres años tienen el beneficio de la ejecución condicional, por lo que los detenidos podrían quedar libres y solo irían a la cárcel en caso de que se les vuelva a capturar por ese delito durante los tres años posteriores a su eventual condena.
Pese a ello, los guardacostas desarrollan acciones para prevenir la caza y comercialización de estas especies mediante proyectos educativos y de desarrollo sostenible, con lo que han logrado convertir a cazadores y “hueveros” en firmes aliados en la protección de las tortugas.
En el 2013 el ambientalista Jairo Mora, defensor de las tortugas, fue asesinado en Moín y ayer lunes se acordó llevar su caso a juicio.