Por: Natalia Díaz Zeledón 13 mayo, 2015
Sanciones penales. El diputado Gonzalo Ramírez propuso tipificar penalmente el mal manejo de recursos públicos. Rafael Pacheco
Sanciones penales. El diputado Gonzalo Ramírez propuso tipificar penalmente el mal manejo de recursos públicos. Rafael Pacheco

A las 3 p. m. del martes no hubo comparecencia de la exministra Elizabeth Fonseca en el plenario legislativo.

Aún así, la discusión del Festival Internacional de las Artes (FIA) se extendió por casi tres horas en Asamblea Legislativa. Los diputados acordaron un debate reglado en el que expresaron su insatisfacción con la decisión de cesar las funciones de la ex ministra horas antes de cumplir con la cita que habían solicitado el pasado jueves.

La ausencia de Fonseca fue asumida, mas no comunicada. Minutos antes de las 2 p. m., la Presidencia de la Asamblea Legislativa recibió una carta firmada por el presidente Solís en el que detallaba las destituciones definidas horas antes en Consejo de Gobierno. No se ofreció explicación adicional.

Responsabilidad. Las fracciones legislativas no se abstuvieron de reprochar la falta de Fonseca a la cita de la comparecencia. El diputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, hizo hincapié en la respuesta repetitiva que ha tenido del Poder Ejecutivo ante otras comparecencias planeadas por el órgano legislativo.

“Recordemos que es la tercera vez que se da. Pasó con el Ministro de la Presidencia (Melvin Jiménez), pasó con la Ministra del Micitt (Gisela Kopper) y ahora con la Ministra de Cultura. Me parece muy serio que los miembros del gabinete prefieran renunciar o irse, en lugar de venir a dar explicaciones por sus actos”, apuntó.

El diputado libertario Otto Guevara recordó la responsabilidad política de la exministra en el caso del FIA, y reclamó la falta de diligencia para intervenir en este caso en particular.

“Lamentablemente, el presidente Solís se hace daño a sí mismo, le hace daño a la institucionalidad costarricense, le hace daño a las relaciones entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo porque no toma decisiones a tiempo. Esto se sabía desde hace tres o cuatro semanas”, dijo.

Sin Fonseca quedaron en el aire las preguntas que los diputados tenían sobre el FIA, incluyendo temas de gestión de la producción, desglose presupuestario y otros puntos como la injerencia de Casa Presidencial en el festival, por el informe que se entregó a Solís el lunes, y que se hizo público el martes.

“Encontramos que el relato de este desastre cultural viene con anotaciones que incluyen errores en la selección del equipo, falta de supervisión y desacato constante a órdenes directas de la Ministra”, numeró el diputado Rolando González del Partido Liberación Nacional (PLN).

Defensa. Por su parte, la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) expresó su satisfacción con las responsabilidades políticas asentadas por el presidente, con la destitución de los jerarcas del Ministerio de Cultura.

El diputado Ottón Solís intentó disuadir al resto del plenario del debate reglado, argumentando que el control político ya había sido ejecutado por el presidente.

La diputada Marcela Guerrero lamentó la partida de Fonseca y defendió su trayectoria profesional y su trabajo en el área de cultura. Por su parte, el diputado Javier Cambronero describió la complejidad institucional del Ministerio de Cultura como un “archipiélago” de instituciones y recalcó la urgencia de una ley de cultura para el sector.

“Nos ha tocado ser un gobierno con compromiso y ese compromiso desencadenó una expectativa inmensa en la ciudadanía”, concluyó el debate el jefe de fracción del PAC, Marco Redondo, quien enfocó el resto de su intervención en destacar las responsabilidades políticas que ha cobrado el presidente Solís durante su primer año de mandato.

Sin embargo, el cobro de responsabilidades políticas no es suficiente para otros miembros del plenario, en tanto la Comisión legislativa de Control del Ingreso y Gasto Público continuará la investigación que había planteado el pasado 27 de abril.

De igual manera, el diputado Gonzalo Ramírez del Partido Renovación Costarricense aprovechó la discusión para plantear un proyecto de ley que modifique el Código Penal para tipificar el delito de “malversación culposa”, en el que se sienten responsabilidades penales para los jerarcas que administren de forma inadecuada los recursos públicos.