Ministerio de Cultura apuesta por ley de cine a última hora

El documento, que en primera instancia cuenta con el apoyo de 21 legisladores, propone que el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica cambie su nombre a Centro Costarricense de Cine y Audiovisual (CRCA), con el afán de que su alcance sea más inclusivo con nuevos medios y formatos.

"Esta entidad estaría a cargo del Consejo Nacional de Cinematografía, cuya conformación integra a sectores de producción de animación audiovisual, al sector productor de documentales, ficciones o series de televisión; además incorpora al sector de exhibidores y distribuidores cinematográficos", detalló un comunicado de la organización.

Además se propone la creación de la Cinemateca Nacional como programa presupuestario del CRCA para la alfabetización cinematográfica y audiovisual.

A nivel económico, por su parte, se pretende reformar el Fondo de Fomento Audiovisual El Fauno, que ya viene funcionando desde hace algunos años con recursos del Centro de Cine.

"La idea es que ya no tome recursos del erario público, sino que el fondo se financie de otra forma", explicó Fernando Rodríguez, director del Centro de Cine.

En esa línea el financiamiento tendrá dos novedosas vías: a) se reformará el Impuesto a los Espectáculos Públicos (IEP), por lo que se extenderá el actual pago del 6% del valor del boleto a todos los cines del país, y no solamente a aquellos que se sitúan en cabecera de provincia.

En la actualidad se cobra un 3% a los cines que se encuentran ubicados fuera de cabecera de provincia.

"Además, se redistribuirá el impuesto para que quede de la siguiente manera: el 40% al Teatro Nacional de Costa Rica, 22% a la Compañía Nacional de Teatro, 8% para el Museo de Arte Costarricense, 8% para el Instituto Nacional de la Música y 22% para el Centro de Cine y Audiovisual, que a la fecha no recibe recursos por este impuesto", detalla el documento presentado por los legisladores firmantes.

Para Max Valverde, Viceministro de Cultura, "la redistribución geográfica ha ido erosionando la base del impuesto. En la actualidad la mayor parte de las salas de cine se encuentran en multicines que están fuera de la cabecera de provincia, algunos por unos cuantos cuantos metros".

"Mas o menos un 25% de los cines están en cabecera de provincia y el otro 75% está afuera. Entonces lo que estamos proponiendo es unificarlos, y de una manera fortalecer el fondo con unos ¢500 millones adicionales", agregó el jerarca.

La otra fuente económica que alimentaría al fondo es la creación del impuesto específico al pago por alquileres o suscripciones de material audiovisual. Es decir, se propone la creación de un impuesto específico del 6% sobre el costo del alquiler de material audiovisual.

"En este punto se está poniendo en tela de discusión, como todo lo que se presenta en proyecto legislativo, la opción de gravar el material que esté en línea. Por ejemplo Netflix, entre otros tipos de formatos", explicó Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana.

Por último, el proyecto contempla que las inversiones "no exitosas" en proyectos cinematográficos y audiovisuales puedan acreditarse como pérdidas y que las donaciones a este tipo de iniciativas puedan ser deducidas del impuesto sobre la renta.

Sin cuota de pantallas.

El tema de las cuotas de pantalla, que consiste en garantizar a las producciones ticas una porción de espacio y tiempo en la cartelera comercial, no aparece planteado en el proyecto presentado esta tarde.

Al respecto Max Valverde comentó: "Las cuotas de pantalla están reguladas en la ley de 1957 y requieren una discusión más amplia. En esta ocasión se consideró que no era un tema vital y debía discutirse en el marco de la Ley de Radio y Telecomunicaciones".

¿Hubo presión de distribuidoras locales para que ese punto no se incluyera en el proyecto? Valverde lo niega.

"No fue así. Este proyecto lo redactamos nosotros (el Ministerio de Cultura). Aunque abrimos un proceso de diálogo muy amplio al inicio de esta administración se archivó. Se creó una comisión de trabajo en la que había representantes de todos los sectores pero ese grupo de trabajo no logró producir un texto con el que pudiéramos trabajar", agregó Valverde.

"Con el objetivo de cumplir con la promesa de entregar un proyecto, nos dimos a la tarea de trabajar un texto propio y es el que estamos presentando. No ha sido consultado con los sectores; no obstante, tiene, para mí, un muy buen balance de proyectos anteriores con elementos nuevos. Yo lo redacté básicamente con base a la experiencia que he tenido", finalizó el jerarca.

Futuro del proyecto.

Sylvie Durán dijo que el proyecto –archivado con el número 20.661–, será convocado por el Gobierno central próximamente pues cuenta con un gran ambiente.

"Podría ser mañana mismo (miércoles)", expresó la ministra.

La diputada Marcela Guerrero, por su parte, confía en que el proyecto tenga buena acogida en la corriente legislativa y que sea aprobado pronto.

"No sabemos para cuando será aprobado pero la idea es que quede muy avanzado. Al rato nos jalamos una torta y lo hacemos realidad en esta misma administración", expresó la legisladora.