Fricción en las fracciones. La tensión vivió entre las fracciones parlamentarias al aprobar el PAE III, aumentar el impuesto de ventas, nombrar a la defensora de los habitantes y al contralor, Luis Fernando Vargas.

Cuatro años al son de Figueres-Calderón

Pacto marcó camino del Congreso

27 de abril. Los actuales diputados vivieron cuatro años bajo la sombra del Poder Ejecutivo y el acuerdo entre el expresidente Rafael Angel Calderón (1990-1994), el mandatario José María Figueres y Miguel Angel Rodríguez, ahora presidente electo.

A la vez, un torbellino de hechos mantuvieron viva la polémica: aprobaron el único voto de censura registrado en la historia contra un ministro de Estado; sepultureros del Banco Anglo Costarricense (BAC) y orquestadores de complicadas alianzas para la elección del directorio legislativo, el contralor general de la República, el defensor de los habitantes y la elevación del impuesto de ventas al 15 por ciento.

Detonantes de la huelga del Magisterio Nacional al modificar su régimen de pensiones, paladines de la investigación al crear comisiones investigadoras para el descalabro del Banco Anglo Costarricense y las irregularidades en la Dirección General de Aviación Civil.

Esa es una cara de la moneda. La otra fue la abundancia en los viajes al extranjero con gastos pagados; el abuso con llamadas telefónicas y el uso de los recursos públicos para campaña política; las constantes ausencias, ruptura de quórum y las visibles divisiones internas.

En un período de cuatro años el plenario legislativo debió sesionar cerca de 832 veces, pero solo lo hizo en 642 oportunidades.

Aprobaron 25 proyectos en una tarde, pero en una semana solo lograron hacer quórum por 55 minutos. Eliminaron su privilegio de decidir sobre las partidas específicas, pero gastaron ¢160 millones en viajes al exterior, viáticos, pasajes aéreos y gastos de representación.

El balance

El balance de sus acciones, para quienes terminan el trabajo, es positivo. Pero se puede concluir de 13 legisladores consultados que existen varios factores que influyeron en forma determinante: el llamado Pacto Figueres-Calderón, la elección del contralor y las comisiones investigadoras.

Sin embargo, otra cosa sostienen los analistas políticos Rodolfo Cerdas -profesor universitario- y Fernando Chavarría -consultor privado-.

Para Cerdas, la Asamblea fue "espasmódica". "Pasan mucho tiempo sin hacer nada sustantivo y de pronto sacan un grupo de leyes. Llevaron a su máxima expresión a convertir el plenario en un cuello de botella."

Explicó que la parte política más débil fue la incapacidad para ejercer un verdadero control político ya que fue mayor el enfoque partidista y eso afectó las investigaciones realizadas.

Según Chavarría, la Asamblea y no solo la fracción oficialista, se vio arrastrada por la situación del Poder Ejecutivo. "El hecho más relevante fue su ligamen con el Gobierno más allá de lo que debe serlo normalmente. Los diputados deben tener cierta independencia", expresó el analista.

Para este, el Pacto desempeñó otro papel fuerte que puso en evidencia la dependencia de los diputados y que causó un perjuicio en el control político y la crítica.

Pacto: punto de partida

Entre 1990 y 1994, es decir, los anteriores diputados, aprobaron en plenario y comisiones plenas 263 proyectos. En los últimos cuatro años se habrían tramitado -datos extraoficiales- 375.

Pero no solo la variable cuantitativa es determinante en la medición de la efectividad del trabajo. Si la ratificación del PAE III, el tratado con México y el GATT dadas durante el primer año eran inevitables para los diputados, a partir del Pacto -mayo de 1995- tenía una agenda de la que poco podían apartarse las dos fracciones mayoritarias.

El pacto nació como producto de la necesidad del Gobierno de aprobar una serie de iniciativas tendientes a equilibrar las finanzas públicas y el interés del PUSC y del Poder Ejecutivo en impulsar legislación para reformar el Estado.

Esto condujo a la aprobación de Justicia Tributaria y Ajuste Tributario; la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; pensiones del Magisterio Nacional y las reformas financieras, entre las que destacan la ruptura del monopolio de los bancos estatales sobre las cuentas corrientes.

Se creó la disposición para votar -pero no se materializaron- el proyecto de garantías económicas, el cierre de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y la Fábrica Nacional de Licores.

Un balance preliminar indica que el ritmo de trabajo la impuso el Poder Ejecutivo. Este envió a la Asamblea cerca de 90 iniciativas y por parte de los diputados se presentaron 265. La diferencia corresponde a un compuesto mixto entre diputados y Gobierno y proyectos de otras administraciones.

En el primer grupo, en las iniciativas de Casa Presidencial se encontraban proyectos de peso como el PAE III, GATT, el tratado con México, la ley reguladora del mercado de valores, la modificación de bienes inmuebles, la reforma a las pensiones del Magisterio Nacional y las pensiones con cargo al presupuesto nacional; además, arrendamientos urbanos (inquilinato), Justicia Tributaria, Ajuste Tributario, Ley de Aduanas, Código Procesal Penal y Expropiaciones

Estaban los proyectos de atención de la deuda interna como sujeción de las instituciones estatales al pago de impuestos de la renta y el traspaso de recursos de la carteras de inversiones de órganos y entes públicos al Gobierno Central. Hasta en los privilegios de los diputados intervino el Poder Ejecutivo, pues se aprobó su proyecto para derogar su régimen de pensiones.

En el segundo grupo, en los temas de los diputados figuraron Violencia Doméstica, regulación al fumado y expendio de licores; ley de comunicaciones judiciales, pensiones alimenticias, reforma al Código Electoral y ley de hostigamiento sexual.

Piedra en el zapato

La inclinación de los diputados a investigar varios casos por medio de comisiones quedó definida casi desde el inicio de funciones, en mayo de 1994. Los socialcristianos demandaron la creación de una comisión sobre persecución política contra miembros de su partido.

Luego, se reactivó la comisión de narcotráfico y luego vendría el escándalo del Banco Anglo Costarricense (BAC) y con la cercanía de la campaña electoral un ciclo de denuncias mutuas entre socialcristianos y liberacionistas terminó con la instalación de grupos indagadores de las intervenciones telefónicas, BICSA, los proyectos de cogeneración eléctrica y las anomalías en la Dirección General de Aviación Civil.

Sin embargo, en algunos casos imperó el empate. Se aprobó el informe liberacionista sobre el BAC y el elaborado por el PUSC sobre Aviación Civil. En el primero, se critican a figuras vinculadas a los socialcristianos y en el segundo, a los liberacionistas.

Contralor y defensor

En un aspecto la Asamblea Legislativa se unió sin dudas: al aprobar el voto de censura contra Juan Diego Castro, entonces ministro de Seguridad Pública.

El 7 de diciembre de 1995, cerca de las once de la mañana, el extitular de la cartera de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, organizó un despliegue policial frente a la Asamblea Legislativa. Eso molestó a los diputados, quienes, pocos días después, aprobaron un voto de censura en su contra.

Pero también se dividieron al escoger al contralor y al defensor. En la primera, miembros de la bancada del PLN se apartaron de su grupo y se unieron con el PUSC para escoger a Luis Fernando Vargas. En la segunda, los liberacionistas lograron atraer votos del PUSC para nombrar a su compañera, Sandra Piszk.

Otra ruptura se dio en el partido Fuerza Democrática a raíz de la aprobación del aumento en el impuesto de ventas. El diputado Gerardo Trejos se alió con el PLN para votar la carga, mientras que su compañero, Rodrigo Gutiérrez, se opuso a ella. Tras la aprobación del impuesto Gutiérrez se separó de ese partido y fundó su propia fracción.