Jueces de Pérez Zeledón les dieron beneficio, por lo que no irán a la cárcel

Por: Hulda Miranda P. y Óscar Rodríguez 7 enero, 2015
La disputa entre indígenas bribris de Salitre y finqueros provocó el año pasado heridos y ranchos destruidos o quemados. | RAFAEL MURILLO
La disputa entre indígenas bribris de Salitre y finqueros provocó el año pasado heridos y ranchos destruidos o quemados. | RAFAEL MURILLO

El Tribunal Penal de Pérez Zeledón condenó ayer a una pareja de abogados por usurpar una propiedad en el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, la cual pertenece a la bribri Otilia Figueroa.

Los jueces sentenciaron a dos años de prisión al abogado y exjuez Carlos Gutiérrez Alpízar, de 57 años, y a su pareja sentimental, la también abogada Thaís Vidal Navarro, de 31 años, quien es indígena de otra etnia.

A ellos se les concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena, por lo cual no tendrán que ir a la cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, la ofendida, Figueroa, adquirió un derecho de posesión de una parcela de media hectárea en Cebror, otorgado el 28 de abril del 2012 por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre.

Sin embargo, el 30 de setiembre de ese mismo año, Gutiérrez y Vidal llegaron a la propiedad con un grupo de unos 20 individuos y la invadieron, “a pesar de no ser personas legitimadas para ser poseedoras de terrenos en territorio indígena de Salitre”.

“(...) procedieron a realizar actos perturbadores de la posesión, por cuanto construyeron con alambre de púa y malla una línea divisoria en medio de la finca”, agregó el documento acusatorio.

El Tribunal halló a la pareja responsable de los perjuicios contra Figueroa y la Asociación.

Disputa. El conflicto por los derechos sobre esos territorios en Salitre data de años atrás.

Los indígenas se apoyan en una ley de 1977 que establece que esos territorios son inalienables e intransferibles, por lo que defienden su derecho a recuperarlos.

Finqueros y otros que han invadido las tierras aseguran que las compraron legalmente y que el Estado debe pagarles por ellas.

En el 2014, el enfrentamiento entre ambos grupos causó quemas de ranchos y heridos.

En el caso de Gutiérrez y Vidal, la disputa se inició en enero de 2013, cuando Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre, pidió a las autoridades desalojarlos de la finca de Figueroa.

Celso Gamboa, entonces viceministro de Seguridad y actual jerarca de esa cartera, avaló la medida, pero Vidal presentó una apelación, la cual fue rechazada en octubre del 2014 por el presidente Luis Guillermo Solís.

Entonces, Vidal acudió a la Sala Constitucional con dos recursos de amparo. En uno, ella argumentó haber comprado el terreno en agosto del 2012.

Además, alegó ser indígena pluriétnica: cabécar por madre y bribri-teribe-boruca por padre.

Ayer, la Sala informó de que los magistrados declararon sin lugar uno de los recursos y estimaron que el asunto debía resolverse en vía administrativa o en tribunales ordinarios.

El otro recurso está pendiente de resolución.

Partes. La Nación intentó hablar con Vidal y Gutiérrez, pero no fue posible localizarlos.

Doris Ortiz, amiga de Vidal y participante de la disputa, dijo que el grupo al que están ligados está “preocupado”. “¿A quién defiende la Fiscalía de Asuntos Indígenas? ¿A un grupo de indígenas?”, reprochó.

Para la Fiscalía, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara al resaltar “que la relación con la tierra es una extensión del derecho a la vida que tienen los pueblos indígenas”.

”(...) en aras de preservar la cultura y brindarle el valor espiritual a la tierra, los indígenas bribri de Salitre tienen un sistema propio de transmisión de tierras, el cual imposibilita que un indígena de otro territorio sea poseedor de tierras...”, agregó.