Fallas en la supervisión sobre el trabajo que ejecutaban, permitieron que un grupo policial –denominado Fuerzas Especiales Operativas– presuntamente perpetrara robos agravados, allanamientos ilegales y privaciones de libertad, entre enero y junio de este año en diversos lugares de Limón.
Así lo admitió el viceministro de Seguridad, Juan José Andrade, ante consultas de La Nación.
"Todo empieza por los niveles de supervisión desde el nivel base hasta el nivel superior (...) Los supervisores no solo tienen funciones totalmente claras sino que, además, hay un eje transversal que es el respeto al derecho y a los derechos humanos. Cuando tenemos eventos de este tipo, tenemos canales de supervisión que no cumplen con su responsabilidad".
El funcionario agregó que están a la espera de lo que resuelvan las autoridades judiciales, para determinar que acciones internas aplican.
Puntualizó que, por ahora, el caso se pasó a Recursos Humanos para abrirle a los oficiales un proceso administrativo. Dependiendo del tipo de falta, este proceso podría concluir en un archivo de la denuncia, la suspensión por varios días o el despido.
Andrade no ahondó en detalles sobre las pifias en la supervisión, pues alegó que apenas están en las labores de recopilación de la información, mucha de la cual la tienen las autoridades judiciales.
Denuncias, la clave
Las hechos anómalos que supuestamente perpetró este grupo los descubrió la Fiscalía Adjunta de Limón y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de esa ciudad, gracias a las denuncias que interpusieron los afectados.
Las autoridades tienen casos que sucedieron el 29 de enero, a las 9:30 p. m.; el 16 de febrero, a las 6:45 p. m.; el 3 de junio, a las 6:40 p. m.; el 13 de junio, a las 3:50 p. m. y el 15 de junio a las 4:40 p. m. La mayoría, en Cieneguita.
Las acciones irregulares tenían características similares. Los policías llegaban con pasamontañas (eso impedía identificarlos), abordo de motos, una microbús y un vehículo para el transporte de detenidos (conocido como perrera).
Las acciones eran rápidas y cada oficial tenía un rol bien definido. Unos se encargaban de vigilancia perimetral, otros del romper puerta (cuando era necesario), otros en el control de las víctimas y los que se dedicaban a registrar el lugar. Todo se ejecutaba en minutos.
Por esos hechos es que el Ministerio Público inculpa a 38 policías de los delitos de allanamiento ilegal, robo agravado y privación de libertad.
Labor era dar seguridad
El grupo llamado Fuerzas Especiales Operativas reune a oficiales de diferentes cuerpos policiales y el objetivo es desplazarlos a diversos lugares del país, para que ejecuten labores de control en sitios de altos índices delictivos.
Dependen de la Dirección de Unidades Especializadas y, regularmente, para desplazarse, utilizan una microbús. Todos son oficiales destacados en San José y se trasladan a los lugares, donde permanecen de uno a ocho días.
El Ministerio Público informó de que en el caso de Limón, el grupo llegaba a la provincia, donde se reportaba con los jefes de la zona. Sin embargo, en bitacoras de la policía limonense no se registraba a cuáles sitios específicos se dirigían, ni qué tipo de labor desarrollarían, pues el control dependía de los superiores en San José.
Incluso, las autoridades judiciales lograron determinar que cuando presuntamente ejecutaban algún acto irregular tardaban pocos minutos, para evitar el riesgo de que algún vecino llamara a la Comandancia de Limón y fueran sorprendidos por compañeros destacados en esa provincia.
Medidas cautelares
La oficina de prensa del Ministerio Público comunicó que la tarde y noche del miércoles se identificó a los implicados y se les tomó la declaración indagatoria.
Para este viernes, en una audiencia que iniciará a las 7:30 a. m., se solicitará al Juzgado Penal de Limón que les imponga medidas cautelares como la suspensión del cargo, prohibición de ingresar a Limón y no acercarse ni contactar a los testigos u ofendidos de la causa, todas por el plazo de seis meses.
Juan José Andrade confirmó que el miércoles en la noche interpuso un recurso de habeas corpus a favor de los policías implicados por las condiciones en que se encontraban detenidos los oficiales.
"Se les mantenía en una sola celda, no habían podido comunicarse con sus familias, había incertidumbre sobre los cargos, pero ya hoy las condiciones cambiaron. Se les ubicó en distintas celdas y ya pudieron hablar con las familias", agregó. Andrade dijo que el recurso fue admitido para estudio por los magistrados.
John Quesada, defensor público de varios de los policías, dijo que luego de revisar el expediente le queda claro que faltó investigación.
"Se acusan hechos, pero no están individualizados. No se dice quién hizo qué. Aparecen formando una lista. Es un caso complejo", agregó.
Los 38 policías permanecen detenidos en celdas del OIJ de Limón.