Unidad ejecutora del préstamo BID revisará el primer concurso y podría hacer cambios al procesos

Por: Manuel Avendaño A. 11 diciembre, 2015
Según cálculos del Ministerio de Justicia, los brazaletes electrónicos tienen un costo diario de entre $11 y $25, por persona, contrario al gasto por día, de $48, que representa mantener a cada presidiario en prisión. | ARCHIVO.
Según cálculos del Ministerio de Justicia, los brazaletes electrónicos tienen un costo diario de entre $11 y $25, por persona, contrario al gasto por día, de $48, que representa mantener a cada presidiario en prisión. | ARCHIVO.

San José

La unidad ejecutora del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Justicia arrancarán en enero el segundo concurso para que las empresas interesadas presenten sus ofertas y se adjudiquen el plan piloto de brazaletes para 200 reos indiciados.

El coordinador de la unidad ejecutora del préstamo BID, Gonzalo Elizondo, explicó que en este momento se encuentran en una fase de estudio para determinar si es necesario hacer cambios al proceso de selección de la empresa debido a que el primer concurso se declaró desierto el pasado 1 de noviembre.

La convocatoria del primer concurso se hizo en febrero de este año. Al inicio, 13 empresas se mostraron interesadas en asumir el plan piloto de los brazaletes para indiciados.

En setiembre solo tres empresas presentaron sus ofertas para concursar por el proyecto, de las cuales solo una logró una calificación técnica superior al 80% que se requería en el proceso.

La oferta ganadora proponía desarrollar el plan piloto por un monto de $3,4 millones, lo que excedía por mucho el presupuesto del la unidad ejecutora del préstamo del BID que es de $1,5 millones.

Elizondo indicó que se revisarán algunos requisitos técnicos que podrían cambiar para el segundo concurso con el fin de que las empresas participantes tengan un mayor margen de oportunidad.

Plan piloto. Los dispositivos electrónicos podrán ser utilizados por quienes descuentan medidas cautelares o por aquellos reclusos que reciben una primera condena que no supera los seis años.

También podrán beneficiarse con este plan piloto las madres jefas de hogar, personas que tienen familiares con algún grado de discapacidad y adultos mayores de 75 años.

Los dispositivos de rastreo no podrán ser utilizados por personas que descuentan condenas por delitos sexuales, crimen organizado y por delitos con armas de fuego.

El 10 de setiembre del 2014 los diputados aprobaron la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal que permite usar los brazaletes para los indiciados.