Ministra Cristina Ramírez asegura que respeta el fallo, pero difiere de criterio

Por: Rónald Moya 19 febrero, 2015
Hasta ayer, 191 menores se encontraban recluidos en la cárcel Zurquí. Según el Ministerio de Justicia, 14.118 personas se encuentran en prisión, de las cuales el 20% aún no tiene sentencia. La capacidad del sistema es para albergar 9.777, por lo que el hacinamiento supera el 40%. | ARCHIVO.
Hasta ayer, 191 menores se encontraban recluidos en la cárcel Zurquí. Según el Ministerio de Justicia, 14.118 personas se encuentran en prisión, de las cuales el 20% aún no tiene sentencia. La capacidad del sistema es para albergar 9.777, por lo que el hacinamiento supera el 40%. | ARCHIVO.

La Sala Constitucional afirma que las cifras de hacinamiento carcelario, desglosadas por ámbitos, son de interés público y de acceso irrestricto; por tanto, no hay razón para denegarlas.

Así lo establece la sentencia N.° 2015-2133, la cual resolvió el martes un recurso de amparo del periodista David Delgado, quien solicitó los datos desde diciembre del 2014, pero la ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez negó el acceso a la información, al argumentar que ponía en riesgo la seguridad nacional.

El caso fue conocido por los magistrados titulares Gilbert Armijo, Ernesto Jinesta, Fernando Cruz, Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar.

“No encuentra este Tribunal razón alguna para denegar la información solicitada, ni cómo puede afectar la seguridad el hecho de que se informe cuántos privados de libertad hay en cada dormitorio”, expusieron los jueces en el fallo.

Por otro lado, sostuvieron que la información solicitada se refiere a las condiciones de los actuales privados de libertad en las cárceles; por tanto, negarla “sería ir en detrimento del principio de transparencia que irradia a toda la Administración Pública, amén de que el ejercicio de ese derecho fundamental –el de acceso a la información pública– permite a los habitantes de la República someter al escrutinio público y al control ciudadano las actuaciones de los órganos y entes públicos”.

La Sala reconoce que toda persona tiene derecho a acceder a las dependencias públicas como una forma de garantizar la transparencia de la función pública y la fiscalización de la actividad estatal. Los únicos límites a esa información serían si la información carece de interés público o si es un secreto de Estado. Sobre este último punto resaltan que existe una laguna legislativa.

Posición. Ramírez manifestó este miércoles, durante una conferencia de prensa, que, si bien los datos son de interés público para todos los ciudadanos, el revelarlos “podría poner en riesgo la seguridad de esos ciudadanos y hacer más sensible la seguridad de los centros penitenciarios”.

Añadió que respetará la decisión de los magistrados y entregará la información dentro del plazo dictado de 15 días, pero afirmó, de manera contundente, que la posición del Poder Ejecutivo se basa en que divulgar las cifras vulnera la seguridad nacional.

Pese a que este diario le pidió que expusiera cuáles son esos argumentos, dijo que a ella deberían decirle las razones por los cuales ese dato no pone en riesgo la seguridad nacional.

“Sería muy valioso que las conozcamos porque yo sí tengo las razones por las cuales ese dato debe manejarse de manera prudencial y, precisamente, por esto no podría revelarlas acá porque estaría incurriendo en una falta”, aseguró.

Ramírez apuntó, por otro lado, que han construido 1.072 espacios nuevos de mayo a la fecha. Además se espera tener 74 nuevos espacios en el ámbito de Adulto Joven de La Reforma, así como 400 espacios en este último centro y 100 más en Pococí, para combatir el hacinamiento.