Asociados alegan supuesta ilegalidad en nombramiento hecho en marzo

Por: Carlos Arguedas C. 11 septiembre, 2015

La Cruz Roja Costarricense se encuentra sumida en una nueva controversia pues ahora se cuestiona la legitimidad de los nombramientos en la Fiscalía General y el Tribunal de Ética.

Ambos órganos, cuyos miembros fueron designados en marzo pasado, han tenido mucha relevancia pues dirigen varias investigaciones, en las cuales se cuestiona las actuaciones del expresidente de la entidad, Miguel Carmona Jiménez, y del presidente interino, Mario Artavia Vargas.

Precisamente, fue Carmona uno de los primeros en reaccionar cuando el 11 de mayo, acogiendo la “inquietud de varios asociados”, pidió al Departamento de Asesoría Legal un criterio jurídico de si el Tribunal de Ética y la Fiscalía General fueron electos violentando el estatuto de la entidad.

Al respecto, el abogado Gonzalo Alberto Chacón Fallas, uno de los asesores legales, en un informe que rindió el 18 de mayo, consideró : “No existen vicios que determinen la nulidad del nombramiento de los integrantes de la Fiscalía General y del Tribunal de Ética”.

Pese a ese pronunciamiento, el Consejo Nacional, en la sesión del 29 de agosto, incluyó en la agenda de la próxima asamblea, a realizarse el 20 de setiembre, un punto en el cual se pide a los socios votar por la revocatoria o ratificación del nombramiento del fiscal, de la fiscala adjunta, y de los siete miembros del Tribunal de Ética.

Asimismo, según consta en la convocatoria publicada en La Gaceta N.° 173 del viernes anterior, en caso de revocarse esos nombramientos, la totalidad de las actuaciones de esos órganos quedarían anuladas.

Miguel Carmona pidió el 11 de mayo un criterio al departamento legal sobre el tema de la elección de la Fiscalía General y del Tribunal de Ética. El abogado Gonzalo Chacón respondió el 18 de mayo. | INFOGRAFÍA LN
Miguel Carmona pidió el 11 de mayo un criterio al departamento legal sobre el tema de la elección de la Fiscalía General y del Tribunal de Ética. El abogado Gonzalo Chacón respondió el 18 de mayo. | INFOGRAFÍA LN

Silencio. Aunque desde el martes pasado La Nación intentó obtener una entrevista con Mario Artavia, e incluso se le enviaron los posibles temas por tratar, el funcionario, en un correo electrónico remitido por la oficina de prensa de la Cruz Roja, comunicó que está muy ocupado y no podría atender a periodistas, después de que había accedido a hablar hoy a las 10 a. m.

En una breve declaración incluida en el correo, Artavia rechazó referirse a la investigación en su contra y afirmó que su “permanencia en la Cruz Roja como servidor de la misma es un asunto que depende de la voluntad de la Asamblea General”.

Las objeciones contra la Fiscalía General y el Tribunal de Ética surgieron poco después de los nombramientos pues abrieron procedimientos administrativos para determinar la actuación de Carmona, Artavia y de la tesorera, Luz María Godínez Méndez, en la firma en diciembre del 2012 de un contrato con una empresa para poner 600 GPS en los vehículos de la entidad, sin llamar a otros oferentes.

Por este caso, en julio el Tribunal de Ética suspendió a Artavia y a Godínez (Carmona había renunciado en junio ), pero hace un mes levantaron esa sanción pues se requería que ambos reasumieran el cargo ya que la Junta Directiva se quedó sin cuórum y Artavia es la única persona autorizada ahora para firmar cheques.

La Fiscalía también mantiene otra pesquisa por la fallida construcción del local en Parrita, por el cual se pagaron ¢22 millones, pero nunca se realizó la obra.

Además, la Cruz Roja, fundada hace 130 años y que cuenta con 1.080 trabajadores y 6.800 voluntarios, registró en el 2014 gastos por ¢19.364 millones e ingresos por ¢17.238 millones. Eso significa un déficit de ¢2.126 millones, según datos a mayo pasado.