La sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la mañana de este jueves a dos sospechosos de estafa y uso de documento falso en sus casas de habitación en Tibás y Moravia.
En la investigación los agentes judiciales lograron determinar que el comerciante, de apellido Arana, se desempeñaba como vendedor a domicilio (polaco) de artículos para el hogar.
Arana, de 40 años, aprovechó dicha condición para hacer firmar a sus clientes una especie de letra de cambio en la cual lo autorizaban para recoger los bienes, en caso de no cumplir con los pagos en un lapso de dos meses.
Sin embargo, dicho documento sería utilizado luego para hacer embargos hasta de las propiedades de sus clientes. El trámite era realizado por un abogado de 49 años, de apellido Chacón, el cual fue detenido.
Al parecer Chacón presentaba ante una entidad judicial la notificación que indicaba que las partes no quisieron firmar, para que el trámite prosiguiera sin despertar sospechas.
La entidad judicial, al percatarse de que había varios procesos presentados por el mismo abogado, y sin la parte demandante, decidió que los ofendidos fueran citados directamente y no mediante el abogado.
Debido a lo anterior, se constató el fraude y se retiraron las demandas.
Sin embargo, antes de este proceso ya se había citado a una vecina de Alajuelita, quien al percatarse de la situación le comunicó lo sucedido a otras dos vecinas, que también habían firmado documentos. Ellas presentaron la respectiva denuncia.
Existe un cuarto caso de una mujer de Puntarenas, quien se enteró de la situación hasta que miembros de la Fuerza Pública llegaron a realizar el desalojo. Una vecina también presentó la denuncia, pues ella también firmó una letra de cambio en blanco.
Por este caso, el OIJ también allanó la vivienda de otro sospechoso en barrio Luján y la oficina de un abogado en Rohrmoser, los cuales solamente fueron citados.
Las investigaciones en torno al caso continúan, pues no se descarta que hayan más afectados en otras zonas.
Los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.