Notaria puso a dos muertos a vender finca en ¢10.000

Alejandré realizó esa escritura el 27 de octubre del 2012; sin embargo, fue presentada al Registro Nacional hasta el 30 de octubre del 2013, y, a la fecha, no ha sido inscrita por tener defectos.

En ese documento, se indica que ante la notaria comparecieron los dos extranjeros, de apellidos Brink, con sus cédulas de residencia en Costa Rica.

También estuvo presente la compradora, apellidada Quirós, de 35 años, quien es vecina de Ipís de Goicoechea.

Todos ellos, supuestamente, firmaron la escritura en la oficina de la abogada Alejandré en San José, a las 11:30 a. m.

No obstante, según los certificados de defunción, de los cuales este diario tiene copia, el señor Brink murió a sus 79 años, el 28 de octubre de 1993, y su esposa, a los 83 años, el 18 de enero de 1998.

Ambos sufrieron un paro cardiorrespiratorio en Estados Unidos y sus cuerpos fueron incinerados en el Crematorio Mountain View en Tacoma, Washington.

Los hijos de la pareja, quienes prefirieron guardar el anonimato, denunciaron a la abogada y a la compradora, por medio de un representante judicial, ante el Ministerio Público.

La demanda se presentó, el 15 de noviembre del 2013, por el delito de falsedad ideológica y en el caso de Alejandré por ejercicio ilegal de la profesión, ya que el Juzgado Notarial la había suspendido durante dos meses, el 19 de setiembre del 2012, por faltas a sus deberes funcionales.

Según la denuncia, el matrimonio Brink adquirió cinco lotes, en Santa Cruz, en partes iguales entre 1983 y 1986, dentro de los cuales está el terreno que se incluyó en la escritura cuestionada, que se ubica cerca de playa Tamarindo y está valorado en $100.000; es decir, unos ¢55 millones.

A finales del año pasado, cuando los hijos de los Brink quisieron abrir un proceso sucesorio para heredar esos bienes, detectaron que habían sido objeto de un presunto intento de fraude.

Imposible. Allan Garro, abogado de la familia Brink, expuso en la denuncia penal que era imposible que sus clientes hubiesen comparecido ante la notaria Alejandré, pues en ese momento estaban fallecidos.

Garro manifestó que, al enterarse de esas gestiones registrales, llamó por teléfono a Alejandré para que le mostrara la matriz donde, presuntamente, firmaron los estadounidenses.

Además, le solicitó que le mostrara los documentos que respaldaban su escritura, como las copias de las cédulas de residencia, pero nunca le entregaron esta información.

De hecho, la notaria está suspendida actualmente por “presentación tardía o no presentación de índices” ante la Dirección Nacional de Notariado.

La Nación ha intentado, en varias, ocasiones conversar con la notaria Gabriela Alejandré, incluso se le han dejado mensajes de voz a su celular, pero no contesta y tampoco ha devuelto las llamadas telefónicas.

Desde el 24 de marzo del 2014, el Registro Nacional procedió a anotar, en la finca de Santa Cruz, que existe una demanda penal, a raíz de una resolución judicial del 23 de enero del 2014.

Pese a que también se intentó localizar a la mujer que figura en la escritura como la compradora del inmueble, de apellido Quirós y vecina de Ipís, no fue posible.

Denuncias. El 18 de junio, este diario publicó que los dueños de cuatro fincas ganaderas , en Sabalito de Monterrey, en San Carlos (Alajuela), denunciaron al italiano Michel Popeo porque, al parecer, invadió dos de esos terrenos al amparo de un presunto fraude registral.

Dos de esas fincas –de 162 hectáreas– pertenecen a la Sociedad Ganadera Monterrey Ltda., y las otras dos propiedades, de 142 hectáreas, a Ganadera Paraíso Monterrey S. A.

Los apoderados de esas sociedades aseguraron haber sido removidos de sus cargos mediante fraude y que los nuevos representantes comparecieron ante una notaria para venderlas todas.

Esas escrituras fueron llevadas al Registro Nacional por la abogada Gabriela Alejandré, quien alegó vía telefónica a La Nación que solamente prestó su oficina y llevó los documentos.

En otro caso, publicado en La Nación el 23 de junio, los dueños de 16 fincas ganaderas , de 223 hectáreas en total, en Cabanga de Guatuso, Alajuela, también acusaron a Popeo porque, supuestamente, cometió un fraude registral para hipotecarlas y obtener un préstamo por ¢60 millones.

Al parecer, la notaria Gabriela Alejandré protocolizó una supuesta acta de la asamblea general de la sociedad Laughing Río Cote, dueña de las 16 fincas, en la que se revocó el nombramiento de los dos apoderados.

En ese acto, nombró a Popeo y a Gerardo Daniel Contreras Ramírez como los nuevos gerentes con facultades de apoderados generalísimos de la sociedad.