Alega no tener presupuesto ni personal para funciones que nueva ley busca endosarles

Por: Hugo Solano 29 agosto, 2014

El Ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, compareció esta semana ante los diputados que conforman la comisión especial de Seguridad y Narcotráfico y pidió archivar el proyecto de reforma integral a la ley de servicios de seguridad privados.

Según Gamboa, la propuesta que se discute le da al Ministerio más competencias que por falta de personal y presupuesto no podrían asumir.

Afirmó que se debe procurar que la dirección de servicios de Seguridad Privada realice inspecciones y fiscalizaciones, lo cual permite la Ley actual, pero uno de los problemas es la falta de personal para poder realizarlas debido a que no cuentan con suficiente presupuesto.

Para lograr que la dirección pueda realizar sus funciones han tenido que sacrificar una plaza de abogado de otro despacho, a efecto de coadyuvar en la resolución constante de diligencias que se presentan.

Señaló que se dotó a la citada dirección de 44 agentes de la Fuerza Pública que se dedican a realizar inspecciones a las más de 1.000 empresas de seguridad privada que laboran en el territorio nacional.

Según el jerarca de seguridad, hay unas 1.000 empresas de seguridad en todo el país y el Ministerio no cuenta con los recursos de control que una reforma de ley pretende endosarles.
Según el jerarca de seguridad, hay unas 1.000 empresas de seguridad en todo el país y el Ministerio no cuenta con los recursos de control que una reforma de ley pretende endosarles.

El ministro planteó ante los diputados su preocupación por el recorte de presupuesto y plazas. Explicó que mantiene constantes peticiones al Ministerio de Hacienda para que los doten de más recursos.

En cuanto al fondo del proyecto en discusión, solicitó un texto más integral y compresivo. Dijo que la idea es no limitar la libertad de trabajo y la libertad de comercio como pretende hacerlo tan agresivamente la Ley de servicios de seguridad privada.

Traslado de costos. "Los insto impulsar la reforma del artículo octavo de la ley para que el costo de los carnets de portación de armas y de servicios de seguridad privada esté a cargo del usuario".

En la actualidad el Ministerio debe desembolsar unos ¢25.000 por cada carnet emitido, lo que está perjudicando las finanzas de la entidad, acotó.