Una madre, en estado de ebriedad, vendió a su hija de seis meses a otra mujer en ¢1.000. La situación se presentó a inicios de la semana pasada en el barrio Lourdes de Ciudad Quesada, San Carlos.
Aparentemente, la mamá (de quien no se dio a conocer la identidad) deambulaba por las calles pregonando que entregaba a la bebé por ese monto.
Mariamalia Chaves, directora regional del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), explicó que al parecer una vecina la escuchó, le dio los ¢1.000 y recibió a la menor junto con su acta de nacimiento emitida por el Registro Civil.
La funcionaria dijo que la misma compradora se presentó al PANI para dar a conocer que lo sucedido y para pedir que hicieran legal la transacción.
En ese momento, los empleados de la institución le explicaron que ese acto no era legal y retiraron a la niña.
La víctima fue puesta en un albergue como medida de protección, mientras se investiga el caso. La pequeña se encontraba bien de salud.
El PANI comunicó que la madre es residente en Aguas Zarcas y que nunca había sido intervenida por esta institución.
Hasta ayer, la mujer no había sido localizada; sin embargo, el padre de la menor sí se presentó ayer en el Patronato.
La oficina de prensa del PANI informó de que se analizará si el progenitor puede hacerse cargo de la hija.
“En este caso, se hace una valoración psicosocial, se debe hablar con los vecinos, ver con quién vive, en qué trabaja”, manifestó Fanny Cordero, vocera del PANI.
Además, la entidad aseguró que ayer presentó una denuncia ante la Fiscalía de San Carlos. No obstante, la oficina de prensa del Ministerio Público informó de que hasta la tarde, no se había recibido el caso.
Es ilegal. El PANI informó de que ahora se continuará la investigación de lo sucedido, tanto por parte de esta entidad como de las autoridades judiciales.
El Patronato tiene seis meses para rendir un informe y así determinar el futuro de la menor.
En caso de que el padre de la bebé no pueda hacerse cargo de ella, se buscarán a otros familiares y, si estos tampoco puedan, se debe optar por otro recurso.
La institución fue enfática en que este tipo de arreglos están al margen de la ley y pueden constituir delitos.
No obstante, resaltó que la Fiscalía será quién defina si se debe penalizar, pues se debe considerar que la madre se encontraba alcoholizada y, por ello, pudo no estar consciente de lo que hacía.
También, rescató que el bajo monto por el que la mujer entregó a la menor podría mostrar que no tenía intenciones de lucrar.
Asimismo, mencionó que al parecer, la mujer que compró a la niña desconocía que se trataba de una ilegalidad.
El Código Penal castiga con entre dos y cuatro años de cárcel tanto a quien venda, promueva o facilite la venta de un menor, como a quien pague por recibirlo. La sanción se aumenta a entre cuatro y seis años cuando el autor del delito sea pariente, tutor o encargado de la crianza de la víctima.