EscucharJenny abrazó por última vez a sus seis hijos el 28 de julio del 2013, antes de entrar a descontar seis años de prisión por meter dos onzas de marihuana a un centro penitenciario.
Durante los siguientes cuatro meses mantuvo contacto telefónico con ellos, quienes estaban al cuidado de unos amigos, pensando que no los podría ver en mucho tiempo. Sin embargo, en ese lapso, la ley cambió y fueron reducidas las penas por introducir drogas en las cárceles.
Así, la tarde de un miércoles, un juez decidió darle el beneficio de libertad supervisada a esta madre de 28 años.
En las tres horas siguientes corrió para conseguir plata para el bus, pedir prestado un maletín para su ropa, despedirse e ingeniárselas para llegar hasta Vázquez de Coronado.
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Sin empleo, Jenny sobrevive con un subsidio mensual de ¢50.000 que le da el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y que ella usa para alimentar a sus hijos. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) la admitió para un programa de capacitación en estética. | ALONSO TENORIO
“El día que salí, no le avisé a nadie. Conseguí ¢1.000 y no sabía dónde agarrar el bus. Un señor me llevó hasta San José”, recordó la mujer.
Encierro. Tres años antes de su condena, Jenny había sido sorprendida con droga cuando quiso visitar a un reo que no conocía. Ella dice que unas amistades se aprovecharon de su pobreza y su embarazo para ofrecerle ¢70.000 por ocultar un paquete con el estupefaciente.
“Yo vivía en Purral para ese tiempo y la situación era difícil. Estaba embarazada de mi hija que ahora va para los tres años; no podía trabajar; tenía a mis otros cinco hijos a cargo que no tenían qué comer y yo no tenía cómo buscar para darles.
”Me dijeron que metiera droga a la cárcel del Virilla. Tenía mucho miedo porque nunca lo había hecho, pero fue mi única opción. Cuando llegué, no pude. Se me bajó la presión, empecé a sudar, temblar y me agarraron. Acepté que llevaba algo y me dejaron libre. Pero, casi dos años después, me llamaron para entregarme”, detalló.
Futuro. El 22 de octubre del año pasado, Jenny dejó atrás los barrotes de El Buen Pastor.
“Llegué a Coronado, me bajé del bus a las 9:30 p. m. Llamé por un teléfono público y le dije a los de la casa: ‘Póngale gorro a los bebés, vayan a la parada y esperen a alguien que llega’. Esperé que pasara un bus y me asomé. Mis hijos estaban en la acera y la de dos años empezó a decir: ‘Esa es mi mamá’. Los grandes lloraban.
”Después de ahí empecé otra vez con ganas, con fuerza, motivándome por las personas que hasta el momento me han tendido la mano. Es duro porque a uno le cierran muchas puertas, tanto la familia como gente de afuera, para un trabajo”, expresó.
En una soda y una zapatería del barrio se rehusaron a darle trabajo por tener la hoja de delincuencia manchada. A eso se suma que Jenny apenas cursó hasta el sexto grado de primaria.
Gracias a su defensor público, logró que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) le diera un subsidio de ¢50.000 para poder comprar alimento a sus hijos. Además, que el Instituto Nacional de Aprendizaje la haya aceptado para estudiar estética, aunque su sueño verdadero es aprender sobre mecánica de motos.
“No me avergüenzo porque uno comete un error, pero uno puede enmendarlo y tener nuevas oportunidades de vida y para mis hijos”, aseguró la joven.
El pasado jueves, ocho entidades firmaron un protocolo para dar atención especial a mujeres en condiciones de vulnerabilidad que entran o salen de la cárcel, con el fin de darles ayudas y estudio e incluso desintoxicarlas si son adictas, todo bajo la supervisión del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
