Unidad Ejecutora seleccionará empresas que logren un 80% en la evaluación técnica para pasar a la revisión de propuestas económicas

Por: Manuel Avendaño A. 9 septiembre, 2015
El consorcio 3M ofrece este tipo de brazalete, que incluye un intercomunicador (negro) para rastrear la ubicación del usuario desde el centro de monitoreo. Siempre deben ser portados juntos. El tercer dispositivo de radiofrecuencia (blanco) se usa para que víctimas de violencia doméstica sean alertadas en caso de que el ofensor se acerque. | JOSÉ DÍAZ.
El consorcio 3M ofrece este tipo de brazalete, que incluye un intercomunicador (negro) para rastrear la ubicación del usuario desde el centro de monitoreo. Siempre deben ser portados juntos. El tercer dispositivo de radiofrecuencia (blanco) se usa para que víctimas de violencia doméstica sean alertadas en caso de que el ofensor se acerque. | JOSÉ DÍAZ.

San José

El Ministerio de Justicia y la Unidad Ejecutora del préstamo del BID-Justicia, evalúan las ofertas técnicas de un grupo de empresas interesadas en desarrollar el programa de brazalates para reos en el país.

El pasado lunes 7 de setiembre se cerró el plazo para que las empresas presentarán sus ofertas técnicas y económicas.

Este martes, miércoles y jueves, la comisión especial –conformada por personal del Ministerio de Justicia y la Unidad Ejecutora del préstamo BID-Justicia– evaluará las ofertas técnicas, luego de ese proceso las empresas que logren un 80% o más en esas propuestas, pasarán a la segunda fase de selección.

La próxima semana, la comisión especial hará la evaluación de las ofertas económicas para definir cuál será la empresa que se adjudicará el proyecto de brazalates para reos.

El proceso de evaluación fue confirmado por la oficina de prensa del Ministerio de Justicia.

Ocho empresas presentaron sus ofertas en primera instancia para desarrollar el proyecto. Se tratan de IAFIS, 3M-Grupo Visión-Energía Andina-SPC Telecentinel, Celsur Engineering-STOP, Trackgroup, Fénix Global, Supercom Ltda., Corrisoft y Telerat.

De las ocho firmas, un grupo menor fue el que logró llegar a la etapa de evaluación de las ofertas técnicas; sin embargo, no se precisó de cuáles empresas se trata porque es un procedimiento confidencial, según explicaron el la oficina de prensa del Ministerio de Justicia.

Esta pulsera o tobillera de la firma Corrisoft se conecta a la red celular para enviar señales de posicionamiento global al centro de monitoreo. El usuario debe llevar un celular inteligente suministrado por el proveedor, el cual le permite tener contacto en caso de incumplimiento. JOSÉ DÍAZ.
Esta pulsera o tobillera de la firma Corrisoft se conecta a la red celular para enviar señales de posicionamiento global al centro de monitoreo. El usuario debe llevar un celular inteligente suministrado por el proveedor, el cual le permite tener contacto en caso de incumplimiento. JOSÉ DÍAZ.

Menos personal para proyecto. Este miércoles la ministra de esa cartera, Ana Cecilia Sánchez, compareció ante la Comisión Legisltiva de Asuntos Hacendarios, para explicar cómo afectan a la institución los recortes presupuestarios para el 2016.

Sánchez aseguró que, para el próximo año, el Ministerio de Justicia sufrirá un recorte de una partida de ¢5.730 millones, lo que afectará la creación de 654 nuevas plazas para policías penitenciarios y técnicos que deben atender los nuevos espacios para privados de libertad.

La reducción del presupuesto de Justicia, afecta el personal que debe asignar la institución al proyecto de brazalates para presos, comentó la ministra.

El plan piloto de los dispositivos de seguimiento para reos será financiado con $1.5 millones provenientes del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa para la Prevención de la Violencia y la Inclusión Social, conocido como empréstito BID-Justicia.

El proyecto será financiado con esos recursos durante los primeros cuatro meses de pruebas e instalación de equipos y luego por 14 meses más con la puesta en operación de los primeros 200 brazaletes.

Luego de los 18 meses, el Préstamo BID-Justicia dejará de financiar el programa de brazaletes y el Ministerio de Justicia debe asumir al proyecto con recursos ordinarios propios que se deben incluir en el presupuesto del 2016.

Los diputados aprobaron en setiembre del 2014, el proyecto de Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal.

Esta legislación permite que se utilicen dispositivos electrónicos de seguimiento a presos condenados por primera vez con una pena menor a seis años de cárcel.

También se aplicará a madres de menores de 12 años o dependientes enfermos; mujeres con embarazo avanzado, y en adultos mayores de 75 años.