Víctima apeló el beneficio otorgado al transportista por Adaptación Social

Por: David Delgado C. 12 noviembre, 2014

Una jueza del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José decidirá el martes si el empresario de buses Óscar Ramírez Jiménez regresa a prisión o se mantiene en régimen de confianza.

Ramírez preside la empresa Busetas Heredianas S. A. y años atrás fue denunciado por un socio de apellido Garita por el delito de administración fraudulenta, por el cual fue condenado a seis años de cárcel, en el 2005.

Luego de un complicado proceso judicial, Ramírez ingresó a prisión a cumplir el resto de su sentencia, pero a inicios de octubre del 2013 recibió el beneficio de pasar a un régimen de confianza, por lo que fue trasladado de la cárcel de San Sebastián al centro semiinstitucional San Agustín, donde debe dormir una vez a la semana.

Adaptación Social permitió el cambio luego del aval por parte del Instituto Nacional de Criminología (INC). Sin embargo, en el proceso no se tomó en cuenta a la parte ofendida.

La Policía Judicial allanó el jueves pasado este taller, propiedad de un familiar de Óscar Ramírez, quien es investigado porque, al parecer, habría mandado a matar a su socio, de apellido Garita. | WÍLBERTH HERNÁNDEZ
La Policía Judicial allanó el jueves pasado este taller, propiedad de un familiar de Óscar Ramírez, quien es investigado porque, al parecer, habría mandado a matar a su socio, de apellido Garita. | WÍLBERTH HERNÁNDEZ

Debido a eso, Garita apeló en abril pasado la decisión del Instituto, ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José.

Meses antes, en febrero, Garita fue víctima de un intento de homicidio. Su socio, Ramírez, es investigado como responsable de ordenar el ataque, pero no se le dictó prisión preventiva por ese caso, medida que también fue apelada por sus abogados.

Beneficio. La ley indica que las decisiones sobre traslados de prisioneros al régimen de confianza son resueltas en apelación por el Juzgado de Ejecución.

Así, una jueza de ese despacho convocó a las partes para el 18 de noviembre para resolver el asunto. Aunque uno de los abogados de Ramírez avisó que no podría asistir porque saldría del país, el señalamiento se mantuvo.

La Nación consultó a Alexánder Obando, director del INC, qué pasará con Ramírez ahora que la Fiscalía lo investiga por el atentado de febrero a Garita.

El funcionario indicó que solicitó un informe al centro San Agustín para analizar si le revocan el beneficio o lo mantienen.

Dijo que estudiarán el hecho imputado, visitarán el domicilio y trabajo de Ramírez, revisarán el plan de atención que ha tenido y luego tomarán una decisión.