Hay 41 abogados suspendidos por faltas, deudas y delitos

Las suspensiones van desde los dos meses hasta los 30 años.

Algunos de ellos, incluso, se encuentran en prisión.

La lista de los profesionales inhabilitados está publicada en el sitio web del Colegio de Abogados, actualizada al 5 de mayo. También, se dio a conocer en el Boletín Judicial , del 8 de mayo.

Según las actas de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, entre las fallas éticas están la doble representación y la utilización indebida de un poder especial de un cliente. En otros casos, no se especificó el tipo de falta.

Además, al menos siete de los juristas tienen deudas originadas en el ejercicio de la profesión.

Rocío Leiva Trejos, vicepresidenta del Colegio de Abogados, explicó que esos adeudos surgen cuando “una persona cobró de más y, además, no realizó la labor para la que fue contratada. Se le sanciona por la falta y lo justo es que retribuya al cliente”.

En otros 11 asuntos, la suspensión llegó tras una causa penal por delitos como violación a menores, estafa, peculado y otros que no fueron especificados.

Otro caso corresponde a una deuda por pensión alimentaria.

Se consultó al Ministerio de Justicia cuáles de los abogados están en prisión. No obstante, a través de la oficina de prensa, la entidad comunicó que no puede referirse a los nombres debido a la Ley de Protección de Datos.

Según el Colegio de Abogados, en el país hay alrededor de 21.000 profesionales activos.

Delitos. El jurista con más años suspendido es Gillio Marín Rojas (49 años de edad).

Él fue inhabilitado por 30 años, el 11 de marzo del 2004, luego que el Tribunal Penal de Goicoechea lo halló responsable de integrar una red de pornografía infantil y conformar la Asociación de Pedófilos Anónima de Costa Rica (APA).

Se le condenó por los delitos de asociación ilícita, relaciones sexuales remuneradas con menores, suministro de droga a menores y corrupción de menores.

En la lista también está el exgerente del extinto Banco Anglo Costarricense, Carlos Hernán Robles Macaya. A él se le había condenado a 24 años de cárcel por los delitos de peculado y fraude de simulación, y tráfico de menores. Fue puesto en libertad condicional en el 2009.

Norma. Según explicó la vicepresidenta del Colegio de Abogados, la ley orgánica de la institución ordena la suspensión cuando hay un auto de elevación a juicio por un delito doloso, cuya pena sea mayor a tres años.

Leiva agregó que también debe ser inhabilitado el profesional cuando es condenado a una pena de prisión.

La vicepresidenta de los abogados especificó que si el sujeto obtiene un beneficio para salir, puede gestionar ante la entidad su reactivación como profesional.

“El interesado tiene que venir a nosotros”, dijo Leiva.

Explicó que para todos los procesos de suspensión, se realiza un debido proceso: la fiscalía del Colegio realiza una investigación y la Junta Directiva decide.

“La lista de suspendidos es pública para protección del cliente”, manifestó Leiva.