Por: Carlos Arguedas C. 20 mayo, 2015

La Fiscalía Agrario Ambiental investiga a siete funcionarios de la Municipalidad de Poás (Alajuela) y a tres particulares, por el desarrollo de 22 urbanizaciones que no cumplen con requisitos dictados por la Sala IV.

El fiscal José Pablo González Montero dijo que ayer se allanaron 11 oficinas del gobierno local, con el objetivo de decomisar actas municipales y otros documentos relacionados con los planes de construcción.

Los delitos en que podrían haber incurrido los implicados son prevaricato, fraude de ley, legislación en provecho propio, negociaciones incompatibles, desobediencia a la autoridad e infracción a la Ley Forestal en la modalidad de invasión de áreas de protección.

En total se allanaron 11 oficinas municipales | JEREMY POVEDA PARA LN
En total se allanaron 11 oficinas municipales | JEREMY POVEDA PARA LN

Antecedentes. La pesquisa se inició desde el 2012, cuando se denunció la aparente aprobación de permisos de segregación y construcción que son contrarios a una resolución de la Sala Constitucional del 2004.

Los magistrados habían ordenado a la Municipalidad elaborar un reglamento para proteger las nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga de agua en el cantón de Poás.

No obstante, presume la Fiscalía, se autorizó el desarrollo de edificaciones en zonas protegidas. “Podrían ser hechos graves (...), como prevaricato y otros posibles delitos de la ley de corrupción, al permitir la invasión de áreas de protección de mantos de recarga sin ningún control, sin ningún respeto por las aguas que son de todos ”, expresó González.