El exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) aceptó pagar al Estado ¢65 millones para evitar un juicio por haber alcanzado ese cargo con títulos falsos.
La Fiscalía presentó una acusación contra Robert Quirós el 24 de mayo del 2011, por tres delitos de uso de documento falso, después de que La Nación revelara en varios reportajes que el entonces funcionario no había logrado acreditar la finalización de sus estudios secundarios o universitarios.
Quirós dirigió, desde el 2008, las investigaciones más importantes para combatir la legitimación de capitales (lavado de dinero), desde el ICD, donde tenía 10 años de laborar, pero renunció el 6 de abril del 2011 debido al cuestionamiento.
El ICD detectó que los dos títulos que lo acreditaban como bachiller y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) no eran legítimos.
El Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas también había querellado al exjerarca del ICD por el ejercicio ilegal de la profesión. La Fiscalía de ese colegio profesional había realizado una investigación interna para determinar que Quirós falsificó los documentos y certificados de incorporación.
Alejandra Araya, defensora particular de Robert Quirós, confirmó a este diario que el 4 de marzo anterior ofrecieron una reparación integral del daño para que se extinga la acción penal y la Fiscalía dicte un sobreseimiento definitivo del caso.
Monto. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía aceptaron la reparación integral y el Tribunal Penal de San José acordó que el monto total fuese de ¢65 millones, los cuales deberán depositarse a la Tesorería Nacional a más tardar el 7 de mayo.
Según el cálculo realizado por la Procuraduría General de la República –la cual funge como abogado del Estado–, ese monto incluye un rubro que se le pagó de más durante los años en que estuvo nombrado, más los intereses, por ¢45 millones. Además, se suma el daño social causado, que fue estimado en ¢20 millones.
“La defensa, a efectos de optar por una medida alternativa, ofreció la reparación integral del daño. Por el momento procesal en que se estaba, solo se podía reparar. Ahora debe confirmarse su cumplimiento al 7 de mayo, una vez que se cancele por ventanilla única del Estado para que se dicte el sobreseimiento.
”Habíamos optado por esa medida mucho tiempo atrás. Robert Quirós jamás ha pretendido no cumplir con la devolución de lo que se consideró por parte de la Procuraduría. No se trata del salario, sino un porcentaje que se pagó de más.
”Él desempeñó su función y su trabajo de manera calificada como excelente. Sin embargo, se habían hecho pagos de un rubro de más y eso es lo que se está devolviendo al Estado”, explicó Araya.