Exfuncionaria judicial e hijo caen por hacer billetes

La captura la realizaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante un allanamiento en barrio La Pitahaya, en Cartago.

A la mujer y a su hijo, de apellidos Monge, de 46 y 20 años, se les atribuye conseguir ‘clientes’ para que introdujeran los papeles en el mercado.

Paralelamente, las autoridades también capturaron a otras tres personas como sospechosas de integrar la banda. Se trata de un hombre de apellido Sojo, de 56 años, y presunto líder del grupo. Lo arrestaron en el centro de Curridabat.

Además, en Aserrí capturaron a otro hombre de apellido Ureña, de 40 años, en cuya casa localizaron los equipos usados en la fabricación de los billetes falsos. Este individuo tenía antecedentes.

Pesquisa. Las investigaciones por este caso se iniciaron hace dos meses, luego de que la Policía recibió varias denuncias de personas que fueron víctimas, pues desconocidos les dieron moneda falsa.

Se trataba de billetes de denominaciones de ¢2.000, ¢5.000 y ¢10.000.

Según el OIJ, los miembros del grupo vendían estos billetes entre ¢500 hasta ¢2.000. Las personas que los compraban sabían que eran falsos, informó la Policía Judicial.

Durante los allanamientos realizados ayer fueron decomisados equipo de cómputo, aparentes billetes falsos, papel con sellos de agua utilizado en apariencia para fabricar los billetes y varios teléfonos celulares.

Los presos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que les abrió una causa por el delito de falsificación de moneda, que se castiga, de acuerdo con el artículo 373 del Código Penal, con una pena de prisión de tres a 15 años.

Pensionada. En el acta del Consejo Superior del Poder Judicial, del 1° de marzo del 2011 , consta que Monge se pensionó por incapacidad absoluta y permanente.

Ella tenía 15 años de laborar como auxiliar judicial en los Tribunales de Goicoechea, donde ganaba un salario de ¢592.000 mensuales.

Monge se retiró con un pensión de ¢217.000 al mes, según el acuerdo del Consejo Superior.

Las autoridades judiciales advirtieron a la exfuncionaria que perdería la pensión si laboraba para otro entidad del Estado.