Vendedor de tiempos de Hatillo manejaba el dinero en dos cuentas de un banco estatal

Por: Hugo Solano 10 julio, 2013

El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en Goicoechea, comprobó una denuncia de la Fiscalía sobre el incremento no justificado del patrimonio de un hombre apellidado Soto, por más de ¢77 millones y $487.500 (unos ¢238 millones) que pertenecían a ese vecino de Hatillo y ahora pasarán a manos del Estado.

Se trata de la primera sentencia por capitales emergentes, figura legal, que constituye una herramienta para perseguir el patrimonio que no tiene justificación lícita, aún cuando en la vía penal no se haya logrado establecer con certeza que proviene de un delito.

En junio del 2011, el Ministerio Público interpuso la denuncia ante el Juzgado en contra de Soto, quien al parecer se dedica a la venta de tiempos. De inmediato el Juzgado ordenó la inmovilización de los fondos, los cuales permanecían en dos cuentas de una entidad bancaria estatal.

La Ley contra la Delincuencia Organizada (N.° 8754, emitida en el 2009), faculta al Ministerio Público y otras tres instituciones a actuar en casos de sospechas.

Este caso específico inicialmente fue tramitado en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos por el presunto delito de legitimación de capitales, no obstante, pese a la intensa investigación realizada en conjunto con la policía judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, no se logró determinar el delito precedente.

Nuestra ley establece que, para probar el delito de legitimación de capitales, debe acreditarse un delito precedente, por ejemplo, fraude, evasión de impuestos o narcotráfico, entre otros y el presente caso se cerró sin esa prueba.

Los dólares y demás moneda, el carro, el arma y el detenido quedaron en la Fiscalía.
Los dólares y demás moneda, el carro, el arma y el detenido quedaron en la Fiscalía.

El proceso se mantuvo paralizado hasta mayo del 2013, debido a varias consultas interpuestas ante la Sala Constitucional por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Este 9 de julio dicho Juzgado decretó la pérdida del dinero en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entidad del Estado.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, cuatro instituciones están facultadas para presentar una denuncia por "capitales emergentes". Además del Ministerio Público, el ICD, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República pueden hacerlo.

El Fiscal General, Jorge Chavarría, indicó que en materia de lavado de dinero es difícil aquí y en el ámbito mundial, establecer responsabilidad penal cuando la acción se vincula a probar el delito precedente, por lo que recobra importancia el diseño de nuevos mecanismos que permitan combatir el lavado de activos con herramientas del derecho administrativo, como sucedió en este caso.

"La herramienta tiene gran relevancia para el abordaje de la legitimación de capitales ya que, aunque no se produce una pena de prisión, se produce la pérdida de todos los bienes no vinculados a fuentes lícitas", aseguró el jerarca.