Justicia justifica que giras al exterior permitieron fortalecer y enriquecer los modelos de atención y gestión a presos

Por: Hugo Solano 18 mayo
Personeros del BID visitaron en marzo pasado las instalaciones de la Unidad que se construye en San Rafael de Alajuela.
Personeros del BID visitaron en marzo pasado las instalaciones de la Unidad que se construye en San Rafael de Alajuela.

El diputado Mario Redondo, del partido Alianza Demócrata Cristiana, cuestionó que el Ministerio de Justicia gastara casi ¢8 millones ($13.729) en un viaje que cuatro funcionarios, incluido el viceministro, Marco Feoli, realizaron a España a finales del año pasado.

Ellos viajaron al continente europeo para conocer cárceles en Madrid y Aranjuez y sus modelos de reinserción social.

"Lo que nosotros no vemos razonable es que recursos que van para prevenir la violencia sean utilizados en viajes. Ese viaje es oficioso, no había nada trascendente porque ya todo estaba decidido", criticó el legislador Redondo.

Añadió que ese crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya está por concluir, se aprobó en la administración de Laura Chinchilla y las especificaciones, requerimientos y detalles estaban estipulados "desde hace muchísimo tiempo".

Este crédito, por $132 millones, se aprobó en enero del 2012 y parte del dinero era para abrir 2.700 nuevos espacios para reos y la formación en prevención del delito para funcionarios del ministerio.

El diputado Redondo sostiene que la visita a España era innecesaria y que los mismos funcionarios lo propiciaron sin siquiera provenir de una invitación.

"Teniendo el país la problemática que tiene en materia de prevención de violencia, no hay la más mínima necesidad de que se dispongan los recursos de esa manera", puntualizó.

Además del viaje a España, con dineros del BID también se financió la visita de tres funcionarios salvadoreños que vinieron al país en marzo del 2016, a guiar el proceso de actualización del sistema informático que se maneja en Adaptación Social.

Los salvadoreños estuvieron del 7 al 9 de marzo del 2016 en San José y los viáticos totales fueron por $3.612, informó el Ministerio de Justicia.

Viaje provechoso para instaurar modelo

El Ministerio de Justicia indicó que el viaje a España se realizó con la venia del BID y que el objetivo fue recopilar experiencias para que Justicia enriqueciera las Unidades de Atención Integral (UAI) que se levantan en tres sedes penitenciarias del país.

Esas unidades buscan prevenir la violencia y promover la inclusión social de los privados de libertad a través de programas educativos y de formación para una vida laboral futura.

Los funcionarios que viajaron a España del 4 al 13 de diciembre del 2016 fueron el viceministro Marco Feoli, el director general de Adaptación Social, José Mario Coronado; José Daniel Mora, asesor del Ministerio y Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria.

Ellos estuvieron en centros penitenciarios de Madrid y Aranjuez, donde conocieron los Centros de Iniciativas para Reinserción (CIRE), que se está replicando en nuestro país con el proyecto "Made In CiRe".

Lo que se pretende es crear una marca comercial propia del sistema penitenciario, que le permita a la población artesana vender productos y servicios de privados de libertad, bajo una marca comercial y un sello de calidad que certifica el Ministerio de Justicia y Paz.

Para este 2017, el país contará con tres nuevas Unidades de Atención Integral (UAI) para albergar 1.600 personas privadas de libertad en espacios para la ocupación laboral y el estudio.

Esos centros se desarrollan en San Rafael de Alajuela, Pococí de Limón y Pérez Zeledón, con una inversión de $66 millones.

La UAI Reinaldo Villalobos, de San Rafael, tiene un avance del 95%, la de Pérez Zeledón un 99% y la de Pococí un 25%.

Según el Ministerio de Justicia, los espacios responden a un modelo de atención que permitirá llevar población con un perfil convivencial adecuado para que trabajen y reciban capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Las instalaciones de la UAI, situadas en San Rafael de Alajuela, Pococí y Pérez Zeledón totalizan 37.000 metros cuadrados, que permitirán alojar a más de 1.500 personas privadas de libertad.

Cada unidad cuenta con 11 módulos de residencia, con pabellones dormitorio de 64 personas, cuyo amueblamiento es antivandálico y de calidad carcelaria.