Informático plasmó en 3 páginas cuáles tecnologías existen para vigilar a reos

Por: David Delgado C. 23 febrero, 2015

Un consultor sin experiencia en materia penitenciaria cobró $2.460 (¢1,3 millones) por resumir, en tres páginas, un artículo de Internet sobre tecnologías utilizadas para vigilar reos.

El ingeniero informático fue contratado por el Ministerio de Justicia y Paz para diseñar el plan piloto que implementaría los brazaletes electrónicos.

La contratación directa de Carlos Navarro Piedra por seis meses, la realizó el 9 de octubre del 2014 la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social.

Ese ente administra los $132 millones del préstamo que la Asamblea Legislativa aprobó, en enero del 2012, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con el crédito se pretende desarrollar 15 unidades productivas, siete centros cívicos, ocho delegaciones y los brazaletes.

Los seis meses de la consultoría de Navarro son por $41.000 (¢22,3 millones) para la entrega de informes. Al 12 de enero del 2015, se habían girado $18.040 (¢9,8 millones) por el plan inicial de trabajo y dos avances.

El resumen de Navarro tomó como base un artículo de la revista chilena Política criminal , escrito por Ana María Morales, que puede buscarse desde Google.

Trayectoria. Navarro, de 46 años, es mecánico automotriz, ingeniero informático y especialista en banca y finanzas. Su nombre aparece entre los agradecimientos del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Luis Guillermo Solís, publicado en noviembre del 2014.

La Nación concertó una cita con la ministra de Justicia, Cristina Ramírez, para conversar sobre el tema el 16 de enero, pero la canceló luego de que este diario entrevistó a Navarro, un día antes. De hecho, el consultor renunció el 19 de enero, al alegar una mejor oportunidad laboral.

Gonzalo Elizondo, coordinador de la Unidad Ejecutora, tampoco accedió a una entrevista.

El 16 de setiembre del 2014, la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa aprobó la ley que avala el uso del brazalete como alternativa a la cárcel para reos no peligrosos. Esta medida permitirá reducir los niveles de hacinamiento, pero inicialmente solo los usarán presidiarios a quienes les dicten prisión preventiva. | ARCHIVO / MARCELA BERTOZZI
El 16 de setiembre del 2014, la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa aprobó la ley que avala el uso del brazalete como alternativa a la cárcel para reos no peligrosos. Esta medida permitirá reducir los niveles de hacinamiento, pero inicialmente solo los usarán presidiarios a quienes les dicten prisión preventiva. | ARCHIVO / MARCELA BERTOZZI

Componentes. El préstamo por $132 millones con el BID está formado por tres componentes: el primero, para construir delegaciones policiales ($31,6 millones); el segundo, para crear centros cívicos para la paz ($39,2 millones) y el tercero, para las unidades productivas y brazaletes ($52,4 millones) y otros ($8,8 millones).

Desde el 16 de setiembre del 2014, la Asamblea Legislativa aprobó la ley que avala el uso del brazalete como alternativa a la cárcel para reos no peligrosos. En el primer año funcionará como sustituto de prisión preventiva.

Carlos Navarro aseguró que él se presentó ante Gonzalo Elizondo para ofrecer su trabajo y así fue como lo contrataron.

De hecho, tuvo oficina en el despacho de la ministra Cristina Ramírez, en Zapote y, luego, fue devuelto al edificio de la Unidad Ejecutora en Los Yoses.

Productos. Hasta enero, el consultor había entregado dos avances y el plan inicial del trabajo. Por este último le pagaron $4.100.

Por el primer informe, de 49 páginas, se le giraron $7.380. Dentro de este documento se incluyó el resumen del artículo. Solo por este apartado se pagaron los $2.460.

Además, hay una investigación de 16 proveedores y fabricantes de estos dispositivos, así como una recomendación para contratar expertos internacionales en la materia y profesionales en telemática, que ayudarán a redactar los requerimientos técnicos para buscar la firma que suministrará los mecanismos electrónicos.

Finalmente, hay una matriz que incluye las actividades programadas y los plazos de implementación para el plan piloto, que estaría listo en junio.

Navarro sostuvo que el personal del Ministerio de Justicia y Paz no tiene tiempo para efectuar esas labores.

El segundo informe, de 73 páginas, costó $6.560. En el documento se replicó la matriz del informe inicial con mejoras; además, se detalla el nombre de un consultor portugués para que participe en el proceso.

Se trata de Nuno Manuel Peres Franco Caiado, director del Servicio de Vigilancia Electrónica de Portugal, quien, según el documento, fue invitado por la ministra Ramírez para brindar un asesoramiento.