Hace dos años, la delegación de la Fuerza Pública en el distrito de Corralillo de Cartago entró en venta. Los dueños de la casa privada, en mal estado, donde operaba la Policía, colgaron el rótulo de ‘se vende’.
Ante el inminente cierre de la sede policial, los vecinos lanzaron el grito a las autoridades locales y ofrecieron un terreno para que se construyera un nuevo espacio.
La Municipalidad de Cartago financió la compra de materiales y, en setiembre del 2013, estrenaron delegación propia en Corralillo.
Por medio de ese tipo de convenios de cooperación entre el gobierno local y los vecinos, el cantón de Cartago lleva la batuta con seis delegaciones policiales, construidas en los últimos seis años, que lo convierten en ejemplo para el país.
Se trata de edificios nuevos, la mayoría ubicados en terrenos municipales, construidos con presupuesto del gobierno local bajo el compromiso de que la Fuerza Pública inyecte más oficiales a las zonas así como unidades móviles.
Kathya Chavarría, directora regional de la Fuerza Pública de Cartago, explicó que existe un convenio con la municipalidad con el fin de distritalizar la labor policial y mantener, al menos, 13 policías fijos en cada una de las zonas.
De esa forma, las comunidades de Llano Grande, Quebradilla, Dulce Nombre, Corralillo, San Juan sur y Coris ya cuentan con edificios policiales equipados con celdas, dormitorios, armerías, oficinas, cocinas y baños.
Antes de que se ampliaran, remodelaran o construyeran esos espacios, la Fuerza Pública solo mantenía uno o dos oficiales, pues la falta de espacio impedía ampliar el número de agentes.
En el centro del cantón, hay una moderno edificio, que costó ¢1.060 millones, con capacidad para que trabajen 150 personas y con dormitorios para 70. Este fue construido por el Ministerio de Seguridad Pública en un terreno de la municipalidad en el 2012.
“La seguridad es de todos, no solo de la Fuerza Pública. Ellos tienen una labor importante, pero todos tenemos que colaborar. Uno como autoridad política tiene dos posibilidades: ponerse a llorar o hacer algo”, señaló el alcalde Rolando Rodríguez.
El gobernante aseguró que la inversión que ellos han hecho en los últimos años en seguridad asciende a los ¢1.000 millones, incluyendo el sistema de monitoreo por cámaras.
Ahora, se está remodelando y ampliando la delegación de San Nicolás de Taras, y están pendiente de construir dos delegaciones en Guadalupe y Tierra Blanca.
“Este modelo de cooperación es un gran ejemplo nacional de formas inteligentes de asociación que mejoran la infraestructura de la Fuerza Pública”, expresó el ministro de Seguridad Mario Zamora.