Tres funcionarios de la Municipalidad de Alajuela fueron detenidos este viernes porque, supuestamente, borraban las deudas de los contribuyentes en el sistema informático a cambio de dinero.
Agentes judiciales allanaron el palacio municipal para decomisar prueba documental e informática en los departamentos de Gestión de Cobros, Contabilidad, Recursos Humanos y Servicios Informáticos.
La investigación está relacionada con 28 expedientes de personas físicas y jurídicas en los que los sospechosos habrían burlado el sistema para modificar las cuentas por cobrar. Se estima que recibieron ¢42 millones de forma ilícita.
La Fiscalía identificó a los gestores de cobro como de apellidos Espinoza, Bastos y una mujer, apellidada González. Ellos fueron detenidos en sus casas en la urbanización Brasilia, Roble de San Antonio y Desamparados de Alajuela.
Modalidad. El Ministerio Público explicó que cuando un contribuyente se acercaba a hacer un arreglo de pago, el Departamento de Gestión de Cobro hacía el cálculo para fijar las condiciones y las cuotas que se debían cancelar en un periodo determinado.
Al parecer, esos funcionarios anulaban el arreglo de pago para que la deuda apareciera saldada y pactaban con las personas un pago personal.
La Fiscalía también tiene bajo la lupa a los contribuyentes que pagaron para que se borrara su deuda debido a que obtuvieron una ventaja indebida.
Denuncia. El alcalde de Alajuela Roberto Thompson afirmó lo siguiente sobre el caso: “Hace algunos días recibimos una alerta del manejo irregular en las cuentas por cobrar por concepto de pago de impuestos. Pusimos la denuncia ante el Ministerio Público, que involucraba a tres funcionarios que tenían acceso al sistema. Ellos fueron suspendidos de sus cargos mientras se realizaba la investigación”.
La Fiscalía indagó ayer a los imputados Espinoza, Bastos y González, a quienes se les atribuyen los delitos de peculado, asociación ilícita, estafa informática, enriquecimiento ilícito y concusión. Ellos quedaron libres, pues según la Fiscalía, cuentan con arraigos suficientes para mantenerse apegados al proceso penal y además están suspendidos.