El diputado Rodrigo Gutiérrez solicitó ayer a la Fiscalía indagar las supuestas anomalías cometidas con la inscripción de 16 autos policiales, al considerar que funcionarios públicos pudieron haber incurrido en el delito de peculado.
Gutiérrez, de filiación independiente, formuló su petición en una carta que dirigió a Carlos Arias, jefe del Ministerio Público, en la cual también señala que las denuncias sobre estos hechos eran conocidas desde hace un mes.
Sostuvo que, desde principios de marzo, la oficina de Arias, así como varios diputados, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Hacienda, el DITA y la dirección del Registro Nacional, recibieron toda la documentación.
Entre los destinatarios, citó a los legisladores liberacionistas Antonio Alvarez, presidente del Congreso, y Oscar Ureña, y los socialcristianos Bernal Aragón, jefe de fracción, Constantino Urcuyo y Alexánder Salas.
Gutiérrez afirmó que Gerardo Fernández Mora le suministró, tanto a él como a los demás, una copia de una denuncia suya que fue usada por la Contraloría General de la República para abrir una investigación el pasado 8 de marzo.
Fernández Mora alegó que una flotilla de vehículos de la Policía de Control de Drogas (PCD) -adscrita al Ministerio de Seguridad- está registrada a nombre de una empresa privada, pero que son asegurados y mantenidos por el Estado.
Gutiérrez afirmó que "no es creíble" la versión de que la cartera de Seguridad no estuviera enterada sobre estos hechos.
Reacción desmedida
Rodrigo Gutiérrez calificó ayer de "hepática y desmedida" la reacción emitida anteayer por el ministro Juan Diego Castro ante una nota publicada, el pasado lunes, por La Nación sobre las supuestas anomalías con los autos policiales.
Opinó que es una estratagema para ocultar su posible responsabilidad en este asunto.
Dicha información, titulada Autos de Antidrogas a nombre de particulares consigna -entre otros datos- los números de placa y patrimonio, modelo, fecha de inscripción y color de cada uno de los 16 autos.
Anteayer, Castro aseveró que la publicación de este artículo echó a perder las indagaciones de la PCD sobre narcotráfico. "Es una obra de mala fe o de la colusión abierta con el narcotráfico de algunos periodistas", aseveró.
El director de La Nación, Eduardo Ulibarri, admitió que esa parte de la publicación fue un error porque no tomó en cuenta su impacto en los operativos policiales, pero rechazó en forma categórica las acusaciones del Ministro.
Precisamente, el titular de Seguridad se entrevistó ayer, en horas de la mañana, con Samuel Hidalgo, contralor de la República, para exponerle sus puntos de vista sobre la publicación hecha por este periódico.
Al finalizar la cita, que duró una hora, el jerarca de Seguridad reiteró al telenoticiario NC4, de canal 4, que las transacciones hechas con los vehículos se hicieron en el anterior Gobierno de forma transparente y legal.
También descartó toda posibilidad de que estas unidades pudieran ser vendidas por las personas particulares que aparecen como sus propietarios. Sostuvo que esto era un "mascarón" para poder desarrollar los operativos policiales.
Sobre este tema, el Colegio de Periodistas de Costa Rica decidió tomar cartas en el asunto.
Jonathan Molina, secretario de esta organización, informó anoche de que hoy se reunirá la junta directiva para estudiar las manifestaciones de Castro y la cobertura de la prensa sobre este caso, con el fin de emitir una resolución.