Una flotilla de 16 vehículos que utiliza la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública como activos de su propiedad, está registrada a nombre de una empresa privada representada por exagentes de ese cuerpo policial.
La situación legal en la que se encuentran los automotores hace que los actuales dueños, que no tienen relación alguna con la función pública, están facultados incluso para venderlos. También serían corresponsables de cualquier daño causado por alguno de esos vehículos contra terceros inocentes.
El caso está en investigación en la Contraloría General de la República desde el 8 de marzo, confirmó el contralor general, Samuel Hidalgo, ante una consulta de La Nación. Las indagaciones, a cargo de la Dirección de Auditoría, se iniciaron a partir de una denuncia interpuesta a nombre de Gerardo Fernández.
Según certificaciones emitidas --la semana pasada-- por el Registro Público de la Propiedad Mueble, los automotores (12 Nissan Sentra, dos Toyota Corolla Tercel y dos Nissan Terrano) pertenecen a la sociedad anónima Expeuro de San José.
Esa compañía, inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público de la Propiedad Inmueble, tiene como presidente y secretario, respectivamente, a los exoficiales de Control de Drogas León Valle Arguedas y Mínor Serrano Matey.
Pese a que son propiedad de particulares, los 16 vehículos cuentan con un número de patrimonio que los identifica como activos del Ministerio de Seguridad Pública, según consta en una certificación expedida por el Instituto Nacional de Seguros el 12 de marzo.
El documento atesta que el Ministerio de Seguridad paga una póliza por esos vehículos. El valor del seguro es aproximandamente de ¢7 millones por mes.
Con los tacos de frente
Todos los movimientos registrales para traspasar los vehículos a nombre de Expeuro de San José se dieron durante la administración anterior: dos el 20 de mayo de 1992 y los otros 14 entre el 3 y el 13 de marzo de 1993.
Consultado sobre los motivos que mediaron para hacer los traspasos, el exministro de Seguridad, Luis Fishman, explicó que el mecanismo se ideó para que los narcotraficantes no pudieran identificar los vehículos como propiedad de la Policía durante operativos o seguimientos en casos de drogas.
De acuerdo con el exministro, el trámite se hizo a través del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD), entidad que tiene una figura jurídica "especial" y que "prestaba algunos de sus vehículos" a Seguridad. Dijo no conocer los detalles de la transacción y remitió las consultas al exdirector del CICAD, Roberto Méndez.
Méndez expresó recordar que la idea se expuso en una reunión por parte de Leovigildo Rodríguez, exjefe de Control de Drogas, pero aseguró no estar enterado de que se había puesto en práctica. A Rodríguez no fue posible ubicarlo para conocer su versión.
El contralor, Samuel Hidalgo, aseguró que el procedimiento jamás pudo haber recibido el aval de la Contraloría. "Si los vehículos son del Estado, tienen que estar a nombre del Estado", insistió.
Explicó que la Ley de Tránsito establece algunas diferencias para los vehículos utilizados por la policía, como el derecho a no ser rotulados y a utilizar placas particulares para mantener su anonimato. "Pero no se puede caer en el extremo de traspasar bienes del Estado. De haberse hecho eso, es completamente irregular. A este caso vamos a entrarle con los tacos de frente", adelantó.
El lunes anterior se intentó conocer la versión del actual ministro de Seguridad, Juan Diego Castro, sobre el caso. Su jefe de prensa, Jesús Ureña, pidió que se le enviara un cuestionario vía fax y aseguró que sería respondido durante la tarde. Sin embargo, hasta ayer no se había recibido respuesta a los 10 cuestionamientos planteados en el documento.
Pueden venderlos
Los representantes de Expeuro de San José, los exoficiales Valle y Serrano, insistieron, al ser consultados por La Nación, en que los automotores no les pertenecen, aunque estén a nombre de una empresa que ellos representan. "El dueño es la Policía, es un procedimiento que se utiliza a nivel mundial para darle cobertura y mayor seguridad a la Policía", afirmó Valle.
Ninguno supo indicar quién es el propietario de las acciones de la firma o dónde se encuentran sus libros.
De acuerdo con Serrano, los ve- hículos realmente están a nombre de la Policía Antidrogas, pero, gracias a un mecanismo ideado junto con los jerarcas del Registro, esta información no puede ser accesada y, en su lugar, se reporta a la empresa privada --que calificó como ficticia-- como la dueña de los carros.
Sin embargo, esta versión fue refutada por el director general del Registro Nacional, Mario Saborío. "Eso no puede ser. El único propietario es el que reporta la base de datos del Registro... El procedimiento que ellos señalan es completamente irregular."
Saborío advirtió que los exoficiales podrían vender la flotilla de vehículos si quisieran pues son los únicos representantes legales de la compañía.