Lograron frenar desalojo de finca colindante con polémico enclave pesquero construido por Macho Coca

Por: Carlos Arguedas C., Rodolfo Martín O. 21 noviembre
Uno de las personas que debe ser desalojada es Jerónimo Breetman. Este hombre alega que tiene más de 30 años de vivir en Portete. Foto Rodolfo Martín Ovares
Uno de las personas que debe ser desalojada es Jerónimo Breetman. Este hombre alega que tiene más de 30 años de vivir en Portete. Foto Rodolfo Martín Ovares

Acciones judiciales planteadas por un abogado y un sindicalista entraban la recuperación por parte del Estado de una propiedad de 14 hectáreas en Portete, Limón, donde se pretende desarrollar un proyecto turístico.

La finca en pugna es colindante con el polémico enclave pesquero donde se ubica un muelle de 60 metros construido ilegalmente por Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, en el 2014.

La disputa por el terreno se inició en agosto pasado, cuando el Instituto Costarricense del Deporte y Recreación (Icoder) notificó a los ocupantes de ranchos levantados en la zona que debían salir o serían desalojados. Se trata de unas siete personas.

El Icoder justificó esta gestión en el hecho de que, desde 1983, aparece como dueño de la finca conocida como Parque Cariari.

Una de las gestiones judiciales planteadas fue un recurso de amparo ante la Sala Constitucional interpuesto por el abogado Álvaro Moreno Gómez, quien dijo actuar en representación de dos supuestos afectados, de apellidos Buchanan y Lindo.

Su pretensión era frenar el desahucio. Sin embargo, los magistrados, en resolución del 7 de setiembre, consideraron que no había razón para suspenderlo, pues el Icoder actuó de acuerdo a la ley al ser el Estado dueño del terreno.

Tras el fallo, el Icoder pretendió ejecutar la medida este lunes 20 de noviembre, pero no fue posible, porque Moreno acudió al Tribunal Contencioso Administrativo. Esta vez, su gestión sí fructificó, pues la jueza Karen Calderón Chacón acogió la solicitud y ordenó paralizar el desalojo mientras el tema se resuelve de manera definitiva.

Paralelamente, Eduardo Saavedra Chacón, secretario general del Sindicato de Trabajadores Portuarios y Afines (Sintrapor), volvió a pedir a la Sala IV frenar la acción de desalojo, esta vez alegando falta de atención a algunos de los ocupantes de la zona.

Saavedra hizo la gestión en nombre de otros dos ocupantes de la finca, de apellidos Offer y Dixon. El recurso fue acogido para estudio y, mientras tanto, se paralizó el desahucio.

Tanto el abogado como el sindicalista alegaron, por separado, que acuden en ayuda de los afectados de forma desinteresada (no les están cobrando), pues se trata de pescadores y adultas mayores, quienes no tienen adónde ir.

En agosto pasado oficiales de la Fuerza Pública notificaron a Crosby Johnson que debía desalojar la casa que esta en el terreno del Icoder. Foto Rodolfo Martín Ovares
En agosto pasado oficiales de la Fuerza Pública notificaron a Crosby Johnson que debía desalojar la casa que esta en el terreno del Icoder. Foto Rodolfo Martín Ovares

Frente a esos alegatos, Alba Quesada Rodríguez, directora del Icoder, defendió las gestiones de la institución para tomar posesión de la finca.

“Se promueve desde hace unos tres meses una acción de desalojom porque se desea recuperar unos terrenos que son propiedad de la entidad para poder desarrollar mejoras en el parque recreativo Cariari”, dijo.

Ahí, dijo la funcionaria, se pretende desarrollar un plan para restaurar la playa y convertirla en zona de recreación de los limonenses. El presupuesto del proyecto es de ¢2.500 millones.

Este es el parque Cariari, que pertenece al Icoder. Las construcciones están entre los árboles. Foto de Alonso Tenorio.
Este es el parque Cariari, que pertenece al Icoder. Las construcciones están entre los árboles. Foto de Alonso Tenorio.
Conexión con muelle pesquero

Álvaro Moreno alegó que el Icoder no puede decir que es el dueño del terreno, pues "es zona urbana".

"La competencia para reglar que es lo que se puede hacer ahí y todo lo demás es la Municipalidad de Limón (...) por imperio de ley tiene que ser administrada por el ayuntamiento", añadió.

Según él, una situación similar sucede con el área donde está el enclave pesquero (colinda con el parque Cariari), que fue allanada por la Policía en agosto del 2015, pues presuntamente, las instalaciones se usaron para el ingreso de lanchas con marihuana. Desde entonces, el lugar está bajo custodia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).

Ese enclave que tiene obras valoradas en más de ¢2.000 millones fue construido por Gilbert Bell Fernández, según lo admitió él ante una comisión de la Asamblea Legislativa.

Por las obras ilegales en Portete, Macho Coca, junto a su hermano Miguel Bell y otras cinco personas –de apellidos Álvarez Fernández, Garita Lara, Rivera Salazar, Guevara Mondragón y Picado Grijalba– enfrentan un proceso penal por los presuntos delitos de construcción o desarrollo en zona marítimo terrestre y usurpación de bienes de dominio público.

Este es el complejo portuario contruido de manera ilegal en Portete. En total hay siete muelles. Uno de ellos a la izquierda mide 60 metros. Las obras se estima tiene un valor de ¢2.000 millones. Alonso Tenorio
Este es el complejo portuario contruido de manera ilegal en Portete. En total hay siete muelles. Uno de ellos a la izquierda mide 60 metros. Las obras se estima tiene un valor de ¢2.000 millones. Alonso Tenorio

El asunto lo tramita la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental en la causa 15-000440-063-PE y se encuentra en la fase final de investigación, informó este martes el Ministerio Público.

El abogado Moreno que representa a los hermanos Bell en el proceso penal, dijo: "si el Icoder reclama terrenos que no le pertenecen, en el caso del muelle se trata de un terreno inscrito a nombre de Miguel Bell.

"Ahí por orden de un juez (Reinaldo) Araya Ucañan se apoderaron de las instalaciones. Eso era de los hermanos Garrón, se lo pasaron a los Acón y lo compró Miguel Bell. Él es el dueño registral. Está legítimante inscrita. Si querían sacarlos tenían que expropiar", afirmó.

El abogado de Macho Coca consideró que allí hubo un abuso de autoridad, pues el muelle se hizo para que “los pescadores artesanales descargaran el producto".

"Es el mejor lugar para un puerto pesquero. Ahora todo se está deteriorado y alguien va atener que pagar por eso", reclamó.

Etiquetado como: