Guadalupe Monge, abogada de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública, aseguró que un proceso disciplinario en su contra es resultado de una denuncia realizada por ella por la compra de 1.200 conos para la Fuerza Pública por ¢37,2 millones.
En agosto, Monge debió revisar el plan de compra de 1.200 conos antes de que se adjudicara, pero se negó a dar el visto bueno porque detectó aparentes irregularidades, las cuales denunció a la Auditoría Interna.
Ella es parte de un grupo de funcionarios que analizan la parte legal de los procesos de contratación administrativa en esta cartera. Tiene 16 años laborando así.
El 10 de setiembre, La Nación publicó que un equipo de dos auditores ya estaba revisando esa contratación, N.° 2013LA-000090-09003, porque una denuncia anónima señaló que había “posibles favorecimientos a oferentes”, según dijo el auditor Juan de Dios Araya.
En ese proceso de compra, según consta en el sistema público CompraRed, no hubo un estudio referencial de precios y, de las tres empresas que se ofrecieron, los jerarcas de la Fuerza Pública definieron ganadora a la empresa con menos experiencia y con el producto más caro, sin contar en ese momento con un análisis de la razonabilidad de precio y sin que el análisis de ofertas concluyese.
Un día después de esa publicación, el subdirector de la Fuerza Pública, Nils Ching, solicitó, en un oficio (cuya copia tiene La Nación ), a la jefa del Departamento Disciplinario Legal, Alma Monterrey, que abriera una causa contra Guadalupe Monge.
Ching indicó en la carta que el 30 de agosto, durante una reunión de trabajo en la que él no estuvo, la funcionaria había “propinado improperios” hacia la Dirección de la Fuerza Pública, por afirmar que “se reciben dádivas derivado de los procesos de compra de la licitación para la compra de conos”.
“La discusión fue meramente laboral en una mesa de trabajo. Yo siempre me referí a que el expediente tenía un ‘tufo de corrupción’; nunca la individualicé ni dije nombres. Yo percibí que la molestia de las jerarquías fue por la publicación que se hizo en el periódico, y no así por el fondo del asunto.
”Para lo que el Ministerio me tiene a mí contratada es para ejercer control de legalidad. Si había anomalías, yo hice lo que procedía: dirigirme a la Auditoría. Fue una sorpresa cuando me dijeron que había un proceso disciplinario para mí. Interpuse un recurso de revocatoria contra el auto de apertura porque yo estaba cumpliendo con la ley, pero me lo rechazaron”, dijo.
Reunión. Nils Ching pidió que se abriese la causa contra Monge el 11 de setiembre. Ese mismo día había recibido un escrito de Arturo Fernández, técnico que realiza las compras en Fuerza Pública, quien le expuso que el 30 de agosto se reunió con Monge y otras dos funcionarias para conversar sobre el plan de compra de los 1.200 conos.
“La funcionaria Monge tomó varias actitudes amenazantes contra la Dirección General de la Fuerza Pública, donde dijo textualmente: ‘Este expediente huele a chorizo y a tufo, alguien de la Fuerza Pública está recibiendo tajaneadas (sic) de dádivas’ e hizo un gesto con las manos de una manera prepotente hacia mi persona”, indicó Fernández en esa carta.
Añadió: “Nuestra dignidad como funcionarios de esta institución fue totalmente desprestigiada y la honorabilidad de los que conforman la cúpula de nuestra Fuerza Pública y de la institución”.
Monge sostiene que esos argumentos no deberían ventilarse en un proceso disciplinario. “Porque alguien se sienta tremendamente aludido y perjudicado en su honor; esto ni siquiera es materia disciplinaria, sino materia penal”, dijo.
Hoy precisamente se realizará la audiencia en el Ministerio a las 8 a. m. para escuchar a las partes. “Me tiene muy molesta que yo tenga que sacar de mi tiempo para ir a defenderme cuando yo fui la denunciante”, expresó la abogada.
Pese a que La Nación intentó conversar el sábado con Nils Ching, el subjefe policial dijo: “Yo quisiera no referirme a eso. Cualquier cosa, quisiera que lo coordinaran con la oficina de prensa”.
Entre tanto, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, manifestó por teléfono: “Como yo soy la máxima autoridad disciplinaria del Ministerio, no podría adelantar algún tipo de criterio. Son instancias que no han llegado a mí. Como usted me lo describe, no veo anormalidad en el proceso. No veo una actitud arbitraria ni tendiente a hacer papilla a alguien. Veo que alguien activa una denuncia y se llama a audiencia para conocer el tema”.