San Carlos y Los Chiles. La construcción de la ruta 1856, conocida como la trocha fronteriza, permitió que en el tramo comprendido entre Crucitas, en Cutris de San Carlos, y el distrito de Los Chiles, en el cantón del mismo nombre, se abrieran decenas de pasos ciegos hacia la vecina Nicaragua.
Por esas aberturas es factible que entren o salgan peatones, autos, motocicletas y delincuentes, sin que la Policía costarricense ejerza algún control.
Ronald Rojas Córdoba, un finquero con propiedades en la Trocha de Los Chiles y en Boca San Carlos, ambos fronterizos con Nicaragua, calificó la situación como preocupante.
“Tenga la seguridad de que desde aquí (Ciudad Quesada) a la línea fronteriza vamos en carro y no somos parados en ningún momento por una autoridad para preguntarnos quiénes somos, para dónde vamos o de dónde venimos. Nadie requisa el carro”.
Tal versión la confirmó un equipo de La Nación que recorrió casi 200 kilómetros de caminos vecinales de San Carlos y Los Chiles y nunca vio a oficiales de la Fuerza Pública ni de la Policía de Fronteras. La situación más crítica se observó en el caserío de Trocha (Los Chiles), donde los nicaragüenses, en su territorio, levantaron un poblado cuyos habitantes abrieron calles, algunas con portones que dan acceso a la trocha fronteriza; allí hay huellas que delatan el paso de carros.
Pruebas. La facilidad para abandonar el suelo nacional quedó en evidencia el viernes 3 de junio, con el asesinato del escolar Samuel Orozco Devis, de 12 años, en Banderas de Pocosol, San Carlos.
Ese día, luego de perpetrar el crimen, dos hermanos de apellidos Solís Carmona huyeron en una moto, sin dificultad alguna hasta suelo nicaragüense.
La familia de estos hombres reside a cinco metros de distancia de la línea limítrofe. Los sujetos fueron arrestados por oficiales del Ejército de Nicaragua tras ser alertados por la Policía tica. El Ejército tiene un puesto a 50 metros de la casa de la familia Solís.
Vecinos de la región fronteriza hicieron ver que, para escapar, los sospechosos del homicidio pasaron frente a dos de cinco puestos policiales que están cerrados hace más de dos años.
Ovidio Salazar Aguilar, quien vive en San Isidro de Pocosol, contó que luego de que cerraron las delegaciones, la Policía prometió que, para subsanar la medida, se intensificarían los patrullajes. “A veces, pasan más de 15 días y no se ve una patrulla. Y ahora hay más caminos que facilitan pasar de un lado para otro”, lamentó Salazar.
Faltan recursos. El Ministerio de Seguridad, por medio de la oficina de prensa, indicó que en el área que es responsabilidad de la Fuerza Pública se hacen recorridos, pero “se efectúan con base en la incidencia delictiva”. Alegó, además, que hay un faltante de recurso humano de alrededor de 1.000 oficiales.
Otra dificultad mencionada es que la “zona es bastante extensa y la atención de un hecho implica recorrer grandes distancias”.
En relación con el cierre de los cinco puestos de control, el Ministerio comunicó que se hizo por razones sanitarias, pero que trabajan para buscar alianzas con el fin de reabrir tales delegaciones.
En tanto, Allan Obando, director de la Policía de Fronteras a cargo de la zona limítrofe, dijo que “cooperan cuando los necesiten” pues “el mayor énfasis está puesto en la zona de responsabilidad, que es Tablillas”, donde se abrió un puesto migratorio en mayo del 2015.