Sucesos

Proyecto de ley plantea evitar prisión por hurtar baratijas

Actualizado el 17 de abril de 2015 a las 12:00 am

Infractores no irán a la cárcel, pero sí serán multados, según el texto

Sustracción menor a ¢200.000 pasaría a ser contravención en vez de delito

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Un hombre acusado de sustraer 12 latas de guisantes , con un precio de ¢370 cada una, en un supermercado de San José, recibió una pena de 45 días de prisión en octubre del 2014, por el delito de hurto simple.

La desproporcionalidad entre el hecho y la sanción impuesta en ese tipo de casos llevó a que las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN) Silvia Sánchez y Karla Prendas impulsen un plan que pretende evitar la prisión por hurtos menores a ¢200.000.

De esa manera, el hurto de atunes, quesos y Picaritas, por ejemplo, serán castigados con días multa o penas alternas.

El proyecto de ley N.° 19.490 , redactado con el aval de la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, y el jerarca del Ministerio Público, Jorge Chavarría, pretende restablecer las contravenciones de hurto menor y daño menor, según la cuantía de medio salario base (¢200.000).

Delito. Desde marzo del 2009, la legislación comenzó a castigar con cárcel todos esos hechos, sin importar el monto, lo cual disparó el número de condenas: de 12 en el 2007 por hurtos, a 90 en el 2009, y 756 en el 2013.

Las críticas a esa modificación legal, a la política represiva del Ministerio Público y a la negativa de las empresas a conciliar con los imputados, llevó a que la Fiscalía replanteara, en noviembre del 2014, su criterio y dejara de perseguir algunos casos.

Por ejemplo, en noviembre del 2014, la Fiscalía aplicó un criterio de oportunidad a un padre y su hija por intentar sustraer un paquete de queso procesado, de ¢925, en otro supermercado de Goicoechea, por insignificancia.

Jorge Chavarría dijo que hay consenso sobre el plan. “Lo que estamos buscando es evitar la impunidad. Frente a hechos de bagatela, queremos que se aplique la responsabilidad penal con una cuantía y con un trato justo”.

Juan estuvo 45 días en la cárcel San Sebastián, por sustraer 12 latas de guisantes en un supermercado, el cual no quiso conciliar con él. | ARCHIVO.
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Juan estuvo 45 días en la cárcel San Sebastián, por sustraer 12 latas de guisantes en un supermercado, el cual no quiso conciliar con él. | ARCHIVO.

Iniciativa. El hurto es la sustracción sin fuerza sobre cosas, ni violencia contra personas, y se castiga con hasta 10 años de prisión.

El proyecto de ley restablece la contravención de hurto menor para bienes por debajo de ¢200.000, con multas de 10 a 60 días, pero, si hay reincidencia, la pena es de 5 a 20 días de prisión. Si se supera ese monto, es delito.

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Por otra parte, en el caso del robo simple, al tratarse de un apoderamiento ilegítimo de una cosa, cuando existe violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas, el Código Penal vigente agrava el castigo si es cometido por dos o más personas.

No obstante, el proyecto de ley plantea que ese agravante se da cuando concurren dos o más personas “con acciones de grave violencia sobre la víctima”.

“Se busca resolver  las condenatorias desproporcionadas y permitirle al sistema tramitar con mayor apego al principio de equidad las causas contra personas por  sustracciones menores", Jorge Chavarría, Fiscal general de la República

Silvia Sánchez aseguró que con el plan no se crea impunidad ni se despenaliza ningún delito.

“Este proyecto viene a corregir los excesos de cero tolerancia en los que hemos caído desde el 2009 con la aprobación de la ley que restringió el uso de soluciones alternas, agravando delitos contra la propiedad para combatir la delincuencia de una manera más rápida”, afirmó.

La legisladora también explicó que perseguir el robo de Picaritas o quesos, bienes que no superan ni siquiera los ¢1.000, es excesivo frente a un proceso penal que cuesta ¢6 millones, más la prisión (¢30.000 diarios).

“Esto es lo que queremos disminuir. Pretendemos buscar medidas alternas con programas de justicia restaurativa, cuyo proceso cuesta ¢340.000”, añadió.

Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, afirmó que el proyecto corrige aspectos rígidos de la ley y permitirá al juez valorar cada caso.

“Hay que ponderar la lesión al bien jurídico, dar posibilidad real a que la víctima y el imputado primario puedan promover soluciones alternas que restauren a la víctima por el daño social y, a su vez, que el imputado reciba la oportunidad de insertarse en programas terapéuticos”, dijo.

Recordó el caso de un joven que fue condenado en Cartago a tres años y medio de prisión por robarse siete paquetes de Picaritas, pese a que la dueña de la pulpería quería conciliar con él.

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