EscucharUpala. Un oficial de la Fuerza Pública de Upala (Alajuela), de apellido Pizarro y de 27 años, fue detenido como sospechoso de dejarse ¢100.000 del pago de una pensión.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que al sujeto se le aprehendió ayer al momento de presentarse a la Fiscalía de Upala, la cual lo había sido citado.
Según las autoridades, el policía se desempeña como notificador de pensiones en la Policía de Fronteras. Entre sus funciones, a Pizarro le corresponde advertir a quienes tienen pagos pendientes por pensiones alimentarias de que, de no pagar, serán apresados.
El OIJ informó de que, aparentemente, a inicios de julio pasado, el oficial buscó a un hombre de apellido Medina, de 67 años, quien debe cancelar mensualmente una pensión a una hija de 38 años que tiene una discapacidad.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/CXHMJUUM2VBHXMV7BSKJWZFWU4.jpg)
El detenido fue llevado ayer a las celdas del OIJ, mientras la Fiscalía define el proceso por seguir. | ÉDGAR CHINCHILLA.
Para ese momento, la deuda de Medina ascendía a ¢100.000.
Supuestamente, el hombre logró conseguir el dinero y Pizarro le ofreció hacer el depósito en el banco, pese a que eso no era parte de su trabajo. Medina aceptó; así que le dio la plata y el número de cuenta a la que debía ingresar el monto.
Sin embargo, el policía al parecer nunca realizó el depósito ni entregó el dinero por algún otro medio a la beneficiaria.
El caso quedó al descubierto esta semana, cuando la madre de la afectada reclamó por no recibir la pensión. Ante eso, otros oficiales buscaron a Medina, quien, al entender lo que ocurría, se presentó al OIJ para presentar una denuncia.
El jueves los agentes judiciales buscaron a Pizarro, pero no lograron hallarlo, por lo que fue citado para ayer a las 10 a. m. en la Fiscalía. Cuando se presentó, fue apresado.
Ayer por la tarde el sospechoso se encontraba en las celdas de la Policía Judicial a la espera de que la Fiscalía definiera si solicitaría medidas cautelares. Al funcionario de Fuerza Pública se le achaca el delito de peculado.
Las autoridades indicaron que, hasta ayer, no se conocía que estuviese vinculado a otro caso.
Similar. Esta semana también fue apresado el juez penal de Upala, Ólger León Contreras, bajo sospechas por un delito similar.
Al parecer, él habría sustraído ¢2 millones que una persona presa canceló como fianza, y habría tomado ¢320.000 que un hombre pagó de pensión alimentaria.
La tarde de este jueves, el Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea dejó en libertad a León tras cambiar una medida privativa de libertad que había dictado un juzgado. El juez quedó suspendido durante seis meses de su cargo.
Tanto León, como Pizarro se exponen a penas que van de los tres a los 12 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.
