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Fiscalía y Defensa Pública avalan proyecto

Plan autoriza a sacar reos de cárceles hacinadas

Actualizado el 13 de agosto de 2013 a las 12:00 am

Juez alerta a centro de sobrepoblación y dictaría egresos si no se baja en 6 meses

Condenados adictos a la droga no irían presos, sino a centro especializado

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Plan autoriza a sacar reos de cárceles hacinadas

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La cárcel de San Sebastián es la más hacinada; registra un 79,4% de sobrepoblación.  | ARCHIVO / MARCELA BERTOZZI.
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La cárcel de San Sebastián es la más hacinada; registra un 79,4% de sobrepoblación. | ARCHIVO / MARCELA BERTOZZI.

Una propuesta de ley permitiría sacar privados de libertad de las cárceles hacinadas si no se resuelve la sobrepoblación.

El objetivo del plan es evitar los tratos crueles y degradantes.

La idea se incluye en el proyecto de Ley del Servicio Penitenciario Nacional y de Acceso a la Justicia para la Ejecución de la Pena, presentado este lunes por el diputado Carlos Góngora, quien es presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.

La tasa generalizada de sobrepoblación en el país es del 38%, pero en la cárcel de San Sebastián llega al 80% y en Liberia al 66%.

El texto pretende que los jueces de Ejecución de la Pena visiten todos los meses las prisiones. Si detectan que hay una sobrepoblación mayor del 20% permitido, pueden pedir informes a Adaptación Social para que dé una explicación y proponga soluciones. Si en seis meses no baja el hacinamiento, el juez ordenará el egreso colectivo mediante un plan de desintitucionalización objetivo, que dará prioridad a las personas más próximas a cumplir la pena.

El proyecto tiene el aval de la Defensa Pública, la Fiscalía y del Ministerio de Justicia.

El fiscal general subrogante, Carlos María Jiménez, manifestó: “Estamos de acuerdo con que el juez pueda disponer egresos masivos ante la incapacidad del sistema (de disminuir la sobrepoblación), pero quisiéramos saber con qué parámetros y criterios, para reducir la discrecionalidad del juez”.

Jiménez añadió que el egreso masivo es solo un “golpecito en el pecho”, ya que solo “matiza” el problema de fondo.

“Parte del hacinamiento carcelario tiene que ver con la gran inflación de delitos que se vienen promulgando. Hay conductas que no tienen ninguna dañosidad social ni económica y son delitos”, expresó Jiménez.

La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, coincidió en que debe abrirse un debate sobre la política punitiva.

“El tema no es solo de gestión penitenciaria. Hay toda una producción de sentencias condenatorias, que incluyen la prisión. No excluimos el tema, pero debe darse bajo ciertos supuestos”, afirmó Garita.

Otras ideas. El plan también prevé que los condenados adictos a la droga (máximo cinco años) no vayan presos, sino a un centro de tratamiento.

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Además, se define un sistema de clasificación de la población no solo por su situación jurídica (sentenciados o indiciados), sino también que se distingue entre reos primarios –que no habían cometido delitos– de aquellos con antecedentes penales. El texto regula el régimen disciplinario de los reos, la formación, ocupación y capacitación, e incluye la creación de tribunales de apelación especializados en ejecución de la pena.

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