Sucesos

Papás sustrajeron del país a 119 niños en última década

Actualizado el 27 de diciembre de 2015 a las 12:00 am

Mayor cantidad de casos ocurrieron del 2013 a la fecha, según el Patronato

Juez del lugar receptor es quien decide si restituye al menor a Costa Rica

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Papás sustrajeron del país a 119 niños en última década

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Patronato Nacional de la Infancia dice que cada vez hay más alienación parental y por eso se dan estas salidas al extranjero. | MARCELA BERTOZZI

Patricia tenía siete años cuando su mamá decidió que debían irse de Costa Rica, en el 2011.

La niña, cuyo nombre fue cambiado por uno ficticio para este artículo, no tenía el permiso de su papá para salir del país.

Pero eso no detuvo a su madre. Un día del 2011, la progenitora hizo las maletas y se marchó con su hija a Panamá.

Desde ese momento, ninguna de las dos ha regresado a territorio costarricense.

Cuando su padre se enteró del viaje de su hija, acudió al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para que la entidad solicitara la restitución de la niña; es decir, para que lo ayudara a recuperar a la menor.

A partir de entonces, el PANI ha mantenido conversaciones con su entidad homóloga en Panamá para agilizar el proceso judicial en ese país, pues son los jueces del país receptor los que deciden si se restituye o no a los menores, según indicó la entidad.

Tres años después, solo se ha realizado una audiencia en tierras panameñas y aún no hay fecha para conocer la resolución.

En este tiempo, el papá no ha podido departir ni hablar con su hija, quien ahora tiene 10 años.

Este es solo uno de los 119 casos de sustracción internacional de menores costarricenses que se han denunciado ante el PANI en la última década.

El traslado de un niño se considera ilícito cuando el pequeño no tiene el aval de alguno de los padres para viajar.

En caso de tener un permiso temporal, la estadía en el extranjero se vuelve ilegal cuando sobrepasa el lapso permitido.

Problema en aumento. En los últimos años, este tipo de denuncias son más comunes.

Según estadísticas del PANI, en el 2005 se atendieron seis casos, mientras que en el 2013 hubo 21; en el 2014, 22, y a noviembre del 2015 se contabilizaban 19.

Cristian Carvajal, coordinador de Asesoría Jurídica del Patronato, explicó que el incremento obedece a que existe más alienación parental, la cual se da cuando, a causa de problemas entre los padres, se aleja al menor de uno de sus progenitores.

Además, continuó, otra de las razones es que hay mayor acceso a la información.

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“La gente no sabía que el PANI podía ayudarlos; ahora lo saben y acuden a nosotros. Eso se ve reflejado en los datos”, expresó.

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El Patronato desconoce cuántas de esas denuncias ya tienen una resolución judicial, pero asegura que han sido la mayoría.

Sin embargo, en muchos de los casos (no se especificó cuántos) no se logró la restitución de los menores a Costa Rica, porque los jueces de los otros países consideraron que el retorno podría exponerlos a peligro físico o mental.

De acuerdo con Carvajal, los padres sustractores suelen llevarse a los hijos que tienen menos de 10 años.

“En esas edades los pueden manipular: les pueden prometer cosas y ellos lo creerán. En cambio, a un adolescente les va a costar. Ya el joven tiene un cierto derecho a decidir y también tiene cierta malicia”, comentó.

Los datos del PANI revelan que los menores son llevados, principalmente, a Nicaragua o a Estados Unidos.

“Son los lugares con los que tenemos más comunicación por ese tipo de datos. Hemos llegado a suponer que es porque estamos cerca, pero eso no excluye que hay gente que se los lleva a Europa o países como Japón”, contó el funcionario.

Eugenia Quesada, presidenta de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho), señaló que estas sustracciones son la “peor agresión” al menor y al papá víctima del delito.

“De un día para otro, sin siquiera mediar una despedida, ellos se enteran de que han sacado a sus hijos del país y no saben qué hacer”, apuntó.

Camino difícil. El Patronato explicó que cuando ocurren estas sustracciones, el padre afectado siempre tiene un indicio sobre el país al que se llevaron a su hijo.

“Esto ocurre mucho en familias en las que hay dobles nacionalidades, entonces ahí el progenitor perjudicado tendría una idea de dónde estaría el menor”, manifestó Carvajal.

Con ese rastro, el afectado puede pedirle al PANI que se comunique con su homólogo en la otra nación para pedir la restitución del niño. Estos procesos son regulados por el Convenio XXXIII de La Haya.

Antes de eso, el padre debe presentar al Patronato una serie de documentos que comprueben que Costa Rica era la residencia habitual del niño, tales como carné de vacunas, constancia de nacimiento, entre otros.

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También, una certificación de matrimonio o, bien, la sentencia de divorcio para conocer quién tiene la custodia temporal o permanente del menor.

Si el país donde está el niño tiene un idioma diferente al español, el solicitante deberá traducir los papeles.

Una vez que se tengan los documentos, el PANI los envía por medio de un correo electrónico certificado a la autoridad reguladora del otro país y les solicita la restitución.

El Convenio también permite que el solicitante pida un régimen de interrelación familiar, el cual permite mantener contacto con su hijo, ya sea por Internet o en persona.

La autoridad reguladora del otro país recibe la información y comienza a investigar. Si se tiene la ubicación del padre sustractor, la entidad homóloga al PANI lo buscará e intentará llegar a un acuerdo. Si no acepta, el caso pasa a la vía judicial. En la circunstancia de que no se tenga la dirección, el caso llega inmediatamente a manos de un juez.

El Convenio de la Haya establece que, a partir de ese momento, el juzgador tiene únicamente seis semanas para resolver.

Sin embargo, el Patronato aseguró que esos plazos pocas veces se cumplen.

Según el funcionario del PANI, las diferencias de idioma y entre los sistemas legales representan grandes obstáculos en ese proceso. “El Convenio dice que hay que darle celeridad, pero es bien difícil; en algunos casos, son bastante largos”, señaló.

Cuando el proceso se tarda, el PANI solo tiene dos opciones: la primera, enviar una carta a la autoridad reguladora del otro país, donde le piden explicaciones por la tardanza.

La segunda es pedirle ayuda al juez enlace, quien promueve el contacto directo con colegas extranjeros para intercambiar información general y específica.

En Costa Rica, ese cargo lo ocupa Diego Benavides, magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

“El objetivo es que él entable conversaciones con su homólogo y nos ayude a entender por qué no se ha solucionado el caso. Pero, más allá de eso, no podemos hacer más. Es la única presión que podemos ejercer”, enfatizó.

El juez fija la audiencia y el solicitante decide si va o no. El PANI recomienda asistir, pero los gastos del tiquete y estadía corren por cuenta del afectado.

Si, en ese debate, el juzgador resolviera otorgar la restitución, el progenitor también deberá costear el boleto de avión de regreso del menor.

Solo en casos puntuales de extrema pobreza, el Patronato paga los gastos.

Delito. Lejos de la vía administrativa, el progenitor afectado también puede tomar acciones penales en contra de su expareja por delitos como sustracción de menor, principalmente.

Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró que todos los temas relacionados con la niñez y adolescencia reciben una atención especial.

“Ellos son un segmento de la población sensible, vulnerable y débil y hay que cuidarlo”, dijo.

Asimismo, Espinoza enfatizó en que en este tipo de casos se asegura la integridad del niño.

“No importan los intereses maternos o paternos porque esos problemas se deben resolver siempre ante un juez”, dijo.

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Katherine Chaves R.

katherine.chaves@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.

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