Un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que abarcó seis chatarreras en Cañas y Liberia, dejó uno de esos locales cerrado y el decomiso millonario de materiales robados a instituciones estatales.
Entre los bienes hallados, se decomisaron 133 kilos de cable telefónico, dos platinas de radio bases y ocho metros de cable de fibra óptica utilizados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Con solo cortar y sustraer un pedazo de cable, las pérdidas y reparaciones ascienden a cientos de miles de colones, pero el mayor daño lo sufren las comunidades al verse afectadas durante horas, días y hasta semanas sin los servicios públicos.
Además de los usuarios particulares, se afecta a hospitales, escuelas, estaciones de Policía, Bomberos, Cruz Roja, empresas exportadoras y centros de atención de llamadas masivas, entre otros.
De acuerdo con datos del ICE, el costo de las pérdidas por reposición del cable telefónico en los últimos tres años ascienden a ¢304 millones.
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En ese mismo barrido, en el que participaron entidades locales guanacastecas y de servicios públicos, la Municipalidad de Liberia clausuró uno de las chatarreras, porque carecía de los permisos para funcionar.
Otros artículos ilegales
También se hallaron metales robados a Acueductos y Alcantarillados (AyA) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tales como tapas de medidor, y los postes metálicos para señales de tránsito.
Todo lo decomisado fue entregado a cada una de las instituciones afectadas.
Además de los depósitos de chatarra, se allanó un taller mecánico, donde apareció la parte frontal del chasis de un vehículo que fue robado en diciembre en San Ramón de Alajuela.
Por último, en uno de los puntos visitados se logró la aprehensión de un sujeto que tenía una orden de captura pendiente, por lo que fue trasladado al despacho que lo requería.
Agentes Judiciales de la Sección de Robos y Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tuvieron a cargo el operativo en conjunto con personal técnico y de investigación del ICE, Acueductos y Alcantarillados (AYA) y personeros de las municipalidades de Cañas y Liberia.
Este tipo de operativos son realizados comúnmente en el área metropolitana, pero la Policía no descarta nuevas incursiones en zonas rurales.
A los dueños de chatarreras se les recordó la importancia de no recibir materiales del Estado, no solo por el hecho de verse implicados en un proceso judicial, sino para desestimular el ilícito y reducir la afectación a los usuarios por la interrupción de servicios.