Ministra de Justicia niega injerencia en consultoría para brazaletes

En una entrevista con La Nación , este lunes, la jerarca alegó que la contratación, por un total de $41.000, estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social.

Según dijo, ella conoció a Carlos Navarro en mayo del 2014, cuando él estuvo a cargo de recopilar información de todos los ministerios para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo del presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

Añadió que todos los ministros participaron en talleres con Navarro y, en determinado momento, él llegó a su despacho a preguntar cómo podía llegar a la Unidad Ejecutora para ofrecerse como consultor, pero se le indicó que ahí no era.

“A mí no me manifiesta nunca, ni me solicita la contratación. Tampoco me pide ningún apoyo para esos efectos.

”La contratación de Carlos Navarro no es un acto discrecional de la ministra. (...) Si existe la idea de que hubo alguna injerencia de mi parte, no. En ningún momento recomendé la contratación de él”, dijo.

Ramírez explicó que esa contratación la realizó el coordinador de la Unidad Ejecutora, Gonzalo Elizondo, quien la acompañó ayer durante la entrevista con este medio.

Elizondo sostuvo que él valoró la experiencia del informático para administrar proyectos.

Informes. Gonzalo Elizondo dijo también que el primer informe, en el que Navarro tomó como base un artículo de la revista chilena Política criminal para detallar las tecnologías de seguimiento electrónico para reos, incluye otras labores importantes.

“Es cierto que el reporte tiene una referencia a un artículo específico, pero también es cierto que hay un listado de las principales firmas que se dedican a esa actividad (brazaletes). Puede que el informe no haya sido lo más feliz del caso, pero el resultado está”, dijo.

Cristina Ramírez puntualizó que nunca conoció los informes del consultor, sino que a ella únicamente le dan cuentas de los avances en la ejecución de los fondos del préstamo.

Cuatro días después de que La Nación entrevistara a Carlos Navarro sobre sus trabajos como consultor, el 15 de enero, él presentó la renuncia “por motivos personales”. Según detallaron Elizondo y Ramírez, la carta la entregó en el despacho de la ministra, en Zapote.

La semana pasada, la Unidad Ejecutora publicó un anuncio donde invita a que las empresas que quieran poner en marcha el plan piloto de los brazaletes, se manifiesten.

¿Era necesaria, entonces, la labor de Carlos Navarro? La ministra y el coordinador de la Unidad alegan que sí y que su salida no afecta el avance del proyecto.

Críticas. Varios diputados de la Comisión Plena Tercera, que aprobó la ley que avala el uso del brazalete como mecanismo alterno a la prisión, cuestionaron el manejo de fondos que se ha dado al préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Otto Guevara, por ejemplo, manifestó: “Me preocupa que esa mano suelta para manejar fondos públicos pueda dar al traste con este proyecto”.

Por su parte, Víctor Morales puntualizó que cada ministro debe rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos y el avance de ejecución de obras. “Si lo que se ha publicado se llega a comprobar, uno esperaría que se tomen medidas correctivas para dar una respuesta a la ciudadanía”, dijo.