Sucesos

Roy Murillo se presentó ante Comisión de Seguridad del Congreso

Juez advierte sobre señales de autogobierno de reos en cárceles

Actualizado el 30 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

Juzgador también reveló que presos cobran a familiares de otros por visitas

Viceministro dice que sí se dificultan acciones, pero Policía tiene control

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Juez advierte sobre señales de autogobierno de reos en cárceles

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El juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, advirtió que en las cárceles de nuestro país ya se empiezan a ver señales de un autogobierno de los reos.

El juzgador hizo esa revelación ayer, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Semanas atrás, Murillo generó una polémica por su decisión de sacar bajo régimen de confianza a 370 presos con el fin de aliviar el hacinamiento en las prisiones.

Al ser consultado por La Nación , el juez recalcó que la sobrepoblación impide a las autoridades ejercer efectivos controles sobre los presidiarios.

“Funcionarios penitenciarios me han manifestado que, por ejemplo, los privados ingresan siempre que el líder del ámbito lo consienta”, dijo.

“El lunes tuvimos reunión de jueces de Ejecución y ahí se habló de que los mismos privados cobran ¢1.500 a familiares de los presos para que entren a la visita”, agregó el funcionario judicial.

Murillo señaló que, en las condiciones de hacinamiento, la Policía Penitenciaria no puede hacer adecuadamente los recuentos y las requisas.

Así lo apuntó Murillo ante los legisladores, al indicar que “entrar a controlar un evento (dentro de los dormitorios) es majar a las  personas que duermen en los pasillos”.

Acciones. Jorge Rodríguez, ministro a. í. de Justicia, dijo que es “innegable” que la sobrepoblación de reos dificulta ejercer acciones de vigilancia, pero eso no quiere decir que la Policía haya perdido el control.

“Hay resistencia de ellos (de los presos), intentos de autogobernarse, pero se han hecho controles constantes, requisas, es una lucha de todos los días”, manifestó Rodríguez.

El jerarca admitió que se han recibido denuncias sobre cobros por parte de los encarcelados, pero dijo que no son recientes y que en esos casos se realizan las investigaciones respectivas.

Rodríguez informó de que este año se han incorporado 200 oficiales a la Policía Penitenciaria.

“Los últimos 40 empiezan el 2 de diciembre, pero son insuficientes”, apuntó.

Carmen María Muñoz, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) e integrante de la Comisión de Seguridad, afirmó que “lo que el juez advirtió es una realidad”.

“Acordémonos de lo que pasó con el caso de Johel Araya (reo torturado y asesinado en La Reforma, en el 2011), en que incluso hubo participación de policías. Es una realidad y el temor que existe es que haya una crisis, no solo de muertes, sino de un problema de seguridad en el país”, señaló Muñoz.

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La diputada, quien presentó la moción para convocar a Murillo luego de la salida de los 370 reos, resaltó que el Estado ha impulsado una política criminal de represión y persecución, pero no ha creado las condiciones necesarias para cumplir con los derechos de los reclusos.

Muñoz agregó que se deben impulsar medidas alternas a la prisión preventiva y recalcó la necesidad de aprobar el proyecto de ley que permite el uso de brazaletes electrónicos.

“La iniciativa sigue frenada en la Comisión Plena Tercera; sería importantísimo que pudiéramos sacarla”, expresó la legisladora.

Peligro. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México reveló , hace unos días, que los reos controlan seis de cada 10 cárceles en ese país, lo que ha incrementado los homicidios y las fugas.

En Costa Rica, la sobrepoblación carcelaria ronda el 37%. La prisión de San Sebastián, en San José, es la de mayor problema, con un exceso de casi el 80%.

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