Sucesos

Estado se incauta de más de ¢300 millones de un ciudadano que no pudo justificar origen del dinero

Actualizado el 10 de julio de 2013 a las 06:01 pm

Vendedor de tiempos de Hatillo manejaba el dinero en dos cuentas de un banco estatal

Fiscal General exalta fallo que quita capitales no procedentes de fuentes lícitas a sospechosos

Sucesos

Estado se incauta de más de ¢300 millones de un ciudadano que no pudo justificar origen del dinero

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en Goicoechea, comprobó una denuncia de la Fiscalía sobre el incremento no justificado del patrimonio de un hombre apellidado Soto, por más de ¢77 millones y $487.500 (unos ¢238 millones) que pertenecían a ese vecino de Hatillo y ahora pasarán a manos del Estado.

Se trata de la primera sentencia por capitales emergentes, figura legal, que constituye una herramienta para perseguir el patrimonio que no tiene justificación lícita, aún cuando en la vía penal no se haya logrado establecer con certeza que proviene de un delito.

En junio del 2011, el Ministerio Público interpuso la denuncia ante el Juzgado en contra de Soto, quien al parecer se dedica a la venta de tiempos. De inmediato el Juzgado ordenó la inmovilización de los fondos, los cuales permanecían en dos cuentas de una entidad bancaria estatal.

La Ley contra la Delincuencia Organizada (N.° 8754, emitida en el 2009), faculta al Ministerio Público y otras tres instituciones a actuar en casos de sospechas.

Este caso específico inicialmente  fue tramitado en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos por el presunto delito de legitimación de capitales, no obstante, pese a la intensa investigación realizada en conjunto con la policía judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, no se logró determinar el delito precedente.

Nuestra ley establece que, para probar el delito de legitimación de capitales, debe acreditarse un delito precedente, por ejemplo, fraude, evasión de impuestos o narcotráfico, entre otros y el presente caso se cerró sin esa prueba.

El Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, tendrá más recursos para combatir el flagelo del "lavado".
ampliar
El Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, tendrá más recursos para combatir el flagelo del "lavado". (Archivo)

El proceso se mantuvo paralizado hasta mayo del 2013, debido a varias consultas interpuestas ante la Sala Constitucional por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Este 9 de julio dicho Juzgado decretó la pérdida del dinero en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entidad del Estado.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley contra la Delincuencia Organizada,  cuatro  instituciones  están facultadas para presentar una denuncia por "capitales emergentes". Además del Ministerio Público, el ICD, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República pueden hacerlo.

El Fiscal General, Jorge Chavarría, indicó que en materia de lavado de dinero es difícil aquí y en el ámbito mundial, establecer responsabilidad penal cuando la acción se vincula a probar el delito precedente, por lo que  recobra importancia el diseño de nuevos mecanismos que permitan combatir el lavado de activos con herramientas del derecho administrativo, como sucedió en este caso.

PUBLICIDAD

"La herramienta tiene gran relevancia para el abordaje de la legitimación de capitales ya que, aunque no se produce una pena de prisión, se produce la pérdida de todos los bienes no vinculados a fuentes lícitas", aseguró el jerarca.

  • Comparta este artículo
Sucesos

Estado se incauta de más de ¢300 millones de un ciudadano que no pudo justificar origen del dinero

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Hugo Solano

hsolano@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Ver comentarios
Regresar a la nota