Sucesos

Informe de Auditoría advierte de que favorecieron a proveedor

Jefes policiales, señalados por ‘direccionar’ compra de conos

Actualizado el 01 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

Juan José Andrade y Nils Ching declinan referirse a cuestionamientos

Ministro Mario Zamora dice que abrirá procesos disciplinarios

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Jefes policiales, señalados por ‘direccionar’ compra de conos

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La Fuerza Pública intentó comprar 1.200 conos por un monto total de ¢37,2 millones para uso en los retenes. Tras recibirse una denuncia, la Auditoría Interna investigó el proceso de la contratación y detectó  irregularidades.  Este proceso fue declarado desierto el 22 de octubre pasado.  | ARCHIVO.
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La Fuerza Pública intentó comprar 1.200 conos por un monto total de ¢37,2 millones para uso en los retenes. Tras recibirse una denuncia, la Auditoría Interna investigó el proceso de la contratación y detectó irregularidades. Este proceso fue declarado desierto el 22 de octubre pasado. | ARCHIVO.

El director y subdirector de la Fuerza Pública, Juan José Andrade y Nils Ching, respectivamente, fueron señalados por la Auditoría del Ministerio de Seguridad Pública, por haber “direccionado” la compra de 1.200 conos valorados en ¢37,2 millones.

Los cuestionamientos a los jefes policiales constan en el informe N.° AGSP/EE-A01-34-2013, del 21 de octubre de este año, firmado por el auditor interno, Juan de Dios Araya, y del cual este diario tiene una copia.

Para la Auditoría Interna, hubo una serie de “acciones y conductas omisas, que resultaron violatorias del pliego cartelario”.

Por ejemplo, no existió un estudio de mercado para definir las características del cartel, tampoco se analizó la razonabilidad del precio y los jerarcas adelantaron un criterio sobre cuál empresa sería la ganadora.

La Auditoría considera de “extrema importancia” analizar el actuar de Juan José Andrade y Nils Ching, al señalar en un oficio que la empresa Safety Monitoreo era la “ganadora” de la licitación, a pesar de que a esa fecha no se había realizado el acto de adjudicación. “De manera inequívoca se direcciona la intención de compra con el referido proveedor”, señala el documento.

Se intentó hablar con Juan José Andrade y Nils Ching, por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, pero declinaron referirse al asunto por no conocer del informe de la Auditoría Interna.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, confirmó que se abrirán procesos disciplinarios, con base en un segundo informe de la Auditoría, en el que detallará a los funcionarios responsables.

Imagen sin titulo - GN
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Imagen sin titulo - GN

Única empresa. La Auditoría afirma que la Fuerza Pública, antes de sacar a concurso el cartel, solamente llamó a una empresa, Safety Monitoreo, en un supuesto estudio de mercado, en el que les consultaron sobre las características y precios de los conos que ofrecían, pese a que había otras 18 empresas que también vendían este producto.

Si bien la Fuerza Pública aseguró que consultaron a tres empresas más, la Auditoría les preguntó a sus representantes y negaron que hubiesen sido llamados.

“El actuar descrito dentro de un marco de transparencia, al disponerse de una única cotización de conos de señalización para los fines referidos, sin consultar a otros potenciales proveedores, compromete el principio de imparcialidad”, menciona el informe.

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Con base en las características del cono que aportó Safety Monitoreo, la Fuerza Pública montó las especificaciones en el cartel de la licitación abreviada, incluido el precio de ¢31.000 por unidad, pese a que dos empresas con más experiencia ofrecieron, más adelante, conos de señalización en ¢20.000 menos.

La Auditoría concluyó que no había evidencia para demostrar que el precio de ¢31.000 era “veraz, real, razonable y proporcional al objeto de contratación”.

Por otro lado, el cartel pedía que las empresas oferentes aportaran cartas de referencia donde se acreditara que vendieron, a entera satisfacción, conos de señalización a empresas públicas o privadas.

La Auditoría corroboró que Safety Monitoreo presentó las referencias comerciales de tres sociedades, de las cuales una no se encuentra inscrita ante Tributación Directa como contribuyente del impuesto sobre la renta y, junto con otra más, tampoco figuran como patronos ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

La Auditoría también cuestionó que la Proveeduría Institucional no detectara esas omisiones y frenara el proceso licitatorio.

El pasado 22 de octubre, Seguridad Pública declaró desierta la licitación, en atención a los principios de “transparencia, libre participación, legalidad y seguridad jurídica”.

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