EscucharEl Gobierno nombró directora general adjunta (interina) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) a una mujer que no cumplía los requisitos que exige la ley de psicotrópicos para el cargo.
Ingrid Moya Abarca, de 50 años, fue elegida en la primera sesión del Consejo Directivo del ICD, celebrada el 29 de mayo del 2014, en Casa Presidencial.
En esa sesión también se prorrogó la designación de Carlos Alvarado como director general. Ambos fueron elegidos temporalmente, hasta por 6 meses, mientras comienza proceso abierto de reclutamiento en propiedad.
Según el artículo 111 de la Ley N.° 8204 (sobre Estupefacientes, Sustancias psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades conexas, Legitimaciónde capitales y Financiamiento al terrorismo), para ser director se requiere licenciatura y experiencia probada en el campo de las drogas pues le atañe la planificación, organización y control del ICD, así como la formalización, ejecución y seguimiento de políticas.
El Consejo lo integran representantes de los ministerios de la Presidencia, Seguridad, Educación y Justicia y Paz, más el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General.
Experiencia. La Nación consultó el viernes a Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de Asuntos Políticos y presidenta del Consejo Directivo del ICD, si corroboraron experiencia y estudios de Moya.
“Durante la sesión se le facilitó el currículum de la señora Ingrid Moya a las personas que integran el Consejo Directivo y sus estudios especializados se consideraron equivalentes al grado de licenciatura”, respondió.
La viceministra apuntó también que fue ella quien postuló a Carlos Alvarado e Ingrid Moya como directores, y destacó que esta última “tiene una formación y conocimiento especializados en materia de fraude y lavado de activos, respaldado por una amplia y efectiva experiencia laboral”.
Ese mismo viernes, Moya contestó una consulta hecha por este diario y aseguró ser bachiller en Psicología, graduada de una universidad privada en Costa Rica en 1998. Añadió que vivió más de 10 años en Estados Unidos, donde obtuvo certificaciones en prevención y control de fraude y estudios en inglés y Psicología.
Empero, tres días después de esa respuesta, Moya presentó la renuncia e indicó que, luego de revisar “arduamente” sus atestados, verificó que estos no podrán pasar los procesos de convalidación del grado académico que exige la ley. Así se desprende de la carta dirigida al Consejo Directivo, de la cual este diario tiene copia.
Cuestionado. La Auditoría Interna del ICD cuestionó el nombramiento de Ingrid Moya como directora adjunta desde el 7 de agosto del 2014, según consta en un informe presentado al Consejo Directivo.
El informe señala que ese nombramiento podría causar eventuales responsabilidades al existir roces con la ley. La Auditoría indicó que, tras reunirse con el director general, el asesor legal y el jefe de Recursos Humanos, todos del ICD, supieron que Moya no ha ejercido la profesión, vivió fuera del país y está convalidando la carrera.
“Es posible afirmar que durante el ejercicio del cargo por parte de la citada profesional podría estarse ante el eventual incumplimiento legal, con la consecuente nulidad de los actos correspondientes”, señala el informe que sería conocido en la próxima sesión del Consejo.
Francisco Segura, director del OIJ, manifestó que durante aquella sesión él fue el único de los cinco miembros presentes que se opuso a ese nombramiento porque ni siquiera conocía a Moya.
“Yo salvé el voto porque me parecía un acto irresponsable nombrar un director nada más porque me habló 10 minutos”, expresó.
Celso Gamboa, ministro de Seguridad, dijo que él designó a la viceministra, Bernardita Marín, para que lo represente en el Consejo Directivo, por lo que no sabía del nombramiento de Ingrid Moya, a quien dijo no conocerla a ella ni sus atestados.
