EscucharCiudad Quesada (San Carlos). Un extranjero y dos costarricenses, entre ellos un abogado, fueron detenidos ayer miércoles como sospechosos de vender fraudulentamente una finca propiedad de una mujer.
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Marín fue detenido en Cedral de Ciudad Quesada. | CARLOS HERNÁNDEZ (Carlos Hernandez)
Las capturas las hicieron oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Ciudad Quesada de San Carlos, y en Atenas, ambos cantones de Alajuela.
La Policía Judicial identificó a los presos como un colombiano de apellido Marín, de 50 años (presunto líder), un abogado de apellido Salazar, de 38, y un hombre apellidado Castro, de 24.
El grupo lo integrarían otras dos personas que no pudieron ser localizadas. A los presos se les abrió un proceso por el delito de estafa.
Hecho. Este proceso se inició en mayo pasado, cuando una mujer de apellido Quesada denunció que la habían despojado de manera fraudulenta de un terreno que mide 13.000 m², situado en una zona residencial de Ciudad Quesada de alta plusvalía y valorado en $1 millón (unos ¢500 millones).
La mujer dijo que la propiedad ahora aparece inscrita a nombre de otra persona, que la hipotecó por varios millones de colones.
La Policía Judicial informó de que en la investigación se determinó que uno de los sospechosos, de apellido Marín, había contactado a la mujer para hacer un negocio con la propiedad. Empero, las autoridades no quisieron suministrar detalles del negocio que pretendían efectuar esos sujetos pues dijeron que, de trascender muchos detalles, se podría afectar la investigación. Tampoco quisieron confirmar si la venta del terreno se hizo mediante la falsificación de la firma de la mujer.
El OIJ comunicó que durante el allanamiento a la residencia de Marín, los investigadores decomisaron un CPU, una computadora portátil, un arma de fuego y documentos presuntamente relacionados con los hechos. Además, las autoridades judiciales obtuvieron pruebas sobre los otros sospechosos.
Marín, Castro y Salazar permanecían anoche detenidos en celdas del OIJ de Ciudad Quesada, a la espera de que un fiscal resolviera si pedía prisión preventiva o algún otro tipo de medida cautelar.
Otro caso. La Policía Judicial también investiga el caso de otra propiedad valorada en $1 millón, al parecer arrebatada a un vecino de La Fortuna de San Carlos por las mismas personas.
“Tenemos información de que agricultores de Sonafluca de La Fortuna fueron timados, pero no han denunciado por temor a represalias. A estas personas les recomendamos formular la correspondiente denuncia”, dijo Gerald Campos, jefe del OIJ en San Carlos.
