La Sala Constitucional avaló la modificación a una directriz del Ministerio de Seguridad Pública mediante la cual se rechazan las solicitudes para portación de armas de fuego hechas por personas con antecedentes policiales. Lo anterior luego de que un ciudadano presentó en agosto del año pasado una acción de inconstitucionalidad contra ese cambio, la cual no prosperó.
Entre las personas que no podrán portar legalmente armas de fuego están las que tengan antecedentes por delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos contra la vida, delitos contra la libertad o infracción a la Ley de Psicotrópicos.
"El Estado brinda a los particulares la posibilidad de defenderse ante ataques ilegítimos, incluso utilizando armas de fuego, pero restringiendo esta eventualidad a que el Estado tenga un control estricto sobre las armas de fuego en procura de uno de sus fines, como lo es la convivencia pacífica en sociedad", reza parte de lo resuelto por los magistrados constitucionalistas.
El fallo fue recibido con satisfacción por parte del Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, quien defendió la necesidad de ejercer controles en la tenencia de armas para beneficio de los costarricenses.
En un comunicado de prensa recordó que gracias a diversos esfuerzos policiales la tasa de homicidios ha disminuido en el país desde el 2012 cuando, según informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se alcanzó una tasa de homicidios de 8.9 por cada cien mil habitantes en Costa Rica.
Los Magistrados rechazaron así una acción de inconstitucionalidad que planteó un ciudadano de apellido Rivera quien, entre otras cosas, alegaba que la medida "prejuzga y sanciona a la persona que recién se investiga, lo que lesiona el debido proceso".
En las conclusiones los magistrados afirman que "el condicionar la entrega del permiso a no contar con antecedentes policiales responde a una política nacional orientada a fortalecer los compromisos nacionales de seguridad en procura de mantener el orden y la tranquilidad públicas".
De esta manera, las autoridades continuarán utilizando la información sobre antecedentes policiales de las personas para conceder o denegar el permiso de portación o inscripción de armas de fuego.
Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.
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