Sucesos

Tres funcionarios de Aduanas y un maletero cobraban mordidas en el Juan Santamaría

Actualizado el 10 de febrero de 2016 a las 03:48 pm

Funcionarios solicitaban hasta $160 a viajeros, según OIJ

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Tres funcionarios de Aduanas y un maletero cobraban mordidas en el Juan Santamaría

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Los tres funcionarios detenidos tienen más de 20 años de laborar para el Ministerio de Hacienda.
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Los tres funcionarios detenidos tienen más de 20 años de laborar para el Ministerio de Hacienda. (OIJ para LN)

Tres funcionarios de Aduanas y un maletero del aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela, fueron detenidos, este miércoles, como sospechosos de cobrar mordidas a viajeros.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron a dos hombres de apellidos Ulate y Sandoval, de 52 y 53 años, repectivamente, y una mujer de apellido Charpentier, de 57. Los tres son empleados con más de 20 años de laborar para el Ministerio de Hacienda.

El otro detenido es de apellido Soto, de 53 años, y su trabajo es ayudar a las personas a llevar el equipaje afuera de la terminal.

Según informó la Policía Judicial, los funcionarios de Aduanas se encargan de revisar equipajes de las personas que ingresan al país.

Al parecer, los sospechosos le habrían indicado a los ofendidos que su equipaje pesaba más de lo permitido y que para no decomisarle los artículos que supuestamente llevaban de más, debían pagarles entre $100 y $160 dólares.

“A través de la investigación, se determinó que los cuatro ofendidos les dieron a los sospechosos unos $164, otra $160, otro $70 y un último pagó ¢50.000”, comunicó el OIJ.

Supuestamente, los sospechosos se llevaron a los ofendidos a determinada área del aeropuerto y les pidieron que el dinero lo pusieran dentro del pasaporte para que no los vieran.

El empleado privado, en apariencia, ayudó a llevar a cabo los cobros.

Contra este grupo, existen cuatro denuncias por hechos que se dieron entre abril y mayo del 2014.

El delito que a los detenidos se les atribuye es el de concusión. Sobre esta transgresión, el Código Penal establece que “se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando de su calidad o de funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.

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