| Buscan internamiento en centro con mínima contención

Acusados invocan enfermedad mental para evitar la prisión

En últimos 3 años, 83 fueron calificados como inimputables en procesos penales

21 de ellas cometió abuso sexual de menor y 7 fue por homicidio

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Una auxiliar de enfermería jubilada burló el 7 de agosto del 2012 cinco controles de seguridad para inyectar una sustancia mortal a una mujer de 63 años internada en el Hospital San Juan de Dios.

 Una oficial de Adaptación Social vigila  el área de  pacientes con medidas cautelares en el centro de  enfermos mentales en La Uruca.   |  PABLO MONTIEL
Una oficial de Adaptación Social vigila el área de pacientes con medidas cautelares en el centro de enfermos mentales en La Uruca. | PABLO MONTIEL ampliar

La Fiscalía consideró el hecho como homicidio calificado. Empero, la defensora pública Seyla Meza Pérez pidió una valoración médica de la sospechosa, pues alega que es inimputable debido a una enfermedad mental.

Este caso, cuya fecha de juicio todavía no está fijada, es uno de los muchos asuntos donde se alega que el imputado (o imputada) no poseía la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho que perpetró, al padecer una perturbación mental.

Datos de la sección de Estadísticas del Poder Judicial revelan que en los últimos tres años fueron condenadas 21.198 personas por cometer un delito.

De esa cifra, 83 eran enfermos mentales o inimputables y se les impuso como medida de seguridad el internamiento, por tiempo indefinido, en un centro especializado. 21 de esas personas cometió abuso sexual contra menor, 7 perpetró un homicidio y 11 usó una arma para agredir.

Gente sana. Nino Castro Carboni, del departamento de Psiquiatría Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) afirmó que es muy alta la cantidad de casos donde la gente simula sufrir males mentales para evitar ser enviados un centro penal.

El especialista en psiquiatría, advirtió que la mayoría de las personas que delinque en Costa Rica no padece enfermedad mental.

Hizo ver que cada vez es más frecuente que se pida una valoración del imputado, pues la defensa alega que su representado delinquió cuando tenía su capacidad disminuida, en muchos casos con el argumento de que lo hizo bajo la influencia de drogas.

Empero, dijo que al analizar el caso se nota que hay un planeamiento para la ejecución .

“El simple hecho de tener expediente psiquiátrico no condiciona absolutamente nada. Puede ser que lo atendieran por trastornos de aprendizaje, intoxicación etílica. Nada relacionado con retardo mental” , manifestó .

El psicólogo Raymond Valverde Rojas, quien también trabaja para el OIJ, manifestó que a muchos delincuentes se les puede calificar como psicópatas (no son necesariamente asesinos en serie, pueden ser violadores, estafadores) pues tienen una gran necesidad de satisfacer sus necesidades engañando a otros. Empero, advirtió que los actos los cometen de forma consciente y por tanto son imputables.

Tanto Valverde como Castro insistieron en que los hechos violentos tienen su raíz en frustraciones, el estrés diario, en un interés por llamar la atención y nunca en enfermedades mentales.

En el caso de la auxiliar de enfermería de apellido Barrantes, de 63 años, se determinó que laboró en el Hospital Nacional Psiquiátrico y era amiga a de la paciente fallecida Lilliam Arias Prendas, de 55 años.

La defensora de la imputada Seyla Meza prefirió no ampliar detalles sobre el argumento para pedir la inimputabilidad. Alegó que esa es una estrategia que expondrá solo en el juicio.

En nuestro país los inimputables son llevados al Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley, ubicado en La Uruca, que fue creado en el 2011 y que tiene una menor contención.

En la actualidad ese centro alberga a 92 pacientes.

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