Esa vestimenta descuidada y estrafalaria en la que no falta el cuchillo al bolsillo podría tornarse ahora menos frecuente en las calles josefinas y en las demás urbes del país.
Del vasto plan de reformas penales que los diputados están cerca de "cuajar", no están excluidos los menores de edad infractores, más conocidos como "chapulines".
En la Cuesta de Moras, la sede de la Asamblea Legislativa, se da como un hecho la aprobación en las próximas semanas de la Ley de Justicia Penal Juvenil, amplio y detallado compendio de normas cuya aplicación evitará que los actos delictivos de adolescentes y jóvenes terminen en la impunidad.
La propuesta es concreta: creación de tribunales y juzgados penales juveniles, policía judicial juvenil y sanciones múltiples para los adolescentes y jóvenes delincuentes.
Pero, eso sí, sus gestores aseguran que todo ello ha sido elaborado con respeto y apego a los derechos y particulares condiciones que la Constitución Política y los convenios internacionales conceden a este sector de la población.
En detalle
De llevarse a la práctica esa iniciativa de ley, todas las provincias del país contarán, al menos, con un Juzgado Penal Juvenil y uno o más tribunales superiores a nivel nacional fungirán como la segunda instancia a la cual podrán acudir los afectados.
Pero los menores a quienes se impute la comisión de actos delictivos contarán con las garantías propias de su edad, como la confidencialidad de su identidad y del proceso judicial establecido en su contra.
El nuevo plan exigirá que los funcionarios judiciales y policiales posean una formación adicional en este ámbito, que les permita ejercer adecuadamente sus tareas.
A diferencia de los procesos judiciales contra adultos, contra los menores no se podrá fijar la incomunicación durante ningún período.
Dentro de las penas establecidas para este grupo, se incluyen las sanciones socieducativas, como la amonestación y advertencia, la libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad y reparación de daños a la víctima.
Se incluyen, además, penas privativas de libertad como el internamiento domiciliario o el internamiento en un centro especializado.
Carlos Tiffer, el especialista del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), que tuvo a su cargo la elaboración del anteproyecto de ley en esta materia, explicó que este se ajusta al derecho penal juvenil, a la Convención de Derechos del Niño y a otras reglas e instrumentos establecidos por la Organización de las Naciones Unidadas (ONU).