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Uno de los juicios anulados fue el homicidio de Aroneth Ramírez, en setiembre del 2009 en Cartago. | JORGE CALDERóN
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal que se tape el rostro a los testigos protegidos cuando rindan declaraciones durante los juicios.
La medida la adoptaron los magistrados cuando resolvieron dos recursos de casación, por igual cantidad de casos de homicidio donde hubo sentencia condenatoria.
En ambos asuntos se ordenó la realización de un nuevo debate.
El voto más reciente –sentencia 277-2011 del 11 de marzo pasado–, anuló una condena por 12 años de prisión de Jermaine Alberto Sancho Evans por el homicidio de Aroneth Ramírez Leiva, ocurrido el 11 de setiembre del 2009, en barrio El Carmen de Cartago.
En este caso declararon 12 testigos, dos de los cuales eran protegidos. Cuando ambos llegaron al juicio, el imputado y su defensor, Gerardo Machado Ramírez fueron retirados temporalmente, y el Tribunal procedió a identificarlos tal como lo prevé la Ley de Protección a Víctimas y Testigos.
Luego, cuando declararon, se permitió el reingreso de Machado y se colocó una pizarra negra para que el defensor no viera el rostro de los testigos. Machado consideró que esto afectaba el derecho de defensa del imputado pues no pudo mirarlo para determinar si estaba mintiendo, nervioso o que gestos hacía para poder repreguntar.
Este argumento fue acogido por los magistrados de la Sala Tercera quienes consideraron: “Esta disposición del Tribunal (de Juicio) de colocar una pantalla negra frente al escritorio del abogado defensor, impidiéndole observar a los testigos mientras declaraban violenta el derecho de defensa (...)”.
La decisión se adoptó porque durante el debate se recibió a dos testigos protegidos “cuyo cuerpo está completamente cubierto por una capa, salvo una pequeña abertura en el rostro, que no permite apreciar sus facciones y menos aún las expresiones o gestos al declarar”, detalló el fallo de la Sala Tercera en la sentencia 2001-00027 del 14 de enero de este año.
Los magistrados anularon esa sentencia de oficio porque ninguna de las partes impugnó ese hecho.
El Ministerio Público informó de que hoy se referirán al tema.